A casi 6 años de la «desaparición institucional» de Braulio Bacilio Caballero, autoridades continúan violando los derechos humanos de la familia

• Braulio falleció en un accidente a los 13 años; fue registrado por las autoridades como un hombre de 20 años y enviado a la fosa común de mayores de edad.

• Este error burocrático mantuvo a su familia buscándolo como desaparecido desde 2016.

• Tras casi 6 años de ser responsables por la desaparición del menor, instituciones capitalinas incumplen acuerdo de agilizar entrega del cuerpo.

 Periodistas Unidos. Ciudad de México. 22 de agosto de 2022.- El pasado 27 de julio la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas (FIPEDE) citó a la familia de Braulio Bacilio Caballero en sus oficinas para confirmarles que los restos hallados en una fosa común, en el mes de abril, coincidían con los de su hijo, a quien buscaban como desaparecido desde 2016.

La madre Fernanda Caballero y el padre Miguel Bacilio tuvieron la primera certeza de la defunción de su hijo al atestiguar los hallazgos de los peritajes forenses cuyos resultados fueron guiados de manera independiente por la antropóloga Albertina Ortega.

Aún en estado de shock, expresaron a las y los funcionarios la impotencia de que su hijo hubiese sido desaparecido por la propia inoperancia de las instituciones, el mismo 28 de septiembre de 2016, fecha en que Braulio fue atropellado y horas después falleciera en un hospital público.

El personal de la Fiscalía reconoció que se trataba de un grave error y se comprometieron a resolver el tema de los trámites interinstitucionales en un par de semanas, para que la familia pudiera tener al fin el cuerpo de su hijo.

Para ello se encargarían de resolver los trámites correspondientes, entre ellos, la emisión de un acta de defunción fidedigna, en la que se reemplazara el “persona desconocida de 20 años” por “Braulio Bacilio Caballero” y se rectificara tanto su edad de fallecimiento, como los nombres del padre y la madre.

A más de un mes de dicha reunión, la empatía y los compromisos asumidos volvieron a ser enterrados por el desinterés y la burocracia. El día 19 de agosto el personal de la Fiscalía volvió a entregar un acta de defunción con los datos erróneos, que no reconoce la identidad del niño Braulio, pues el nuevo documento insiste en mantenerlo como “persona desconocida de 20 años”.

De acuerdo con Karla Micheel Salas, Directora de Grupo de Acción, “este nuevo hecho se suma a la cadena de actos desprecio hacia la familia, constituye una nueva violación a sus derechos humanos, resulta revictimizante y es muestra de la nula empatía mostrada hacia las injusticias vividas por la familia de Braulio Bacilio durante casi seis años. A pesar del discurso y la voluntad expresada, incluso por la misma titular de la Fiscalía, la familia Caballero Bacilio no ha podido recuperar el cuerpo del niño Braulio, para darle un entierro digno y conforme a sus creencias. Este caso es un claro ejemplo de la violencia institucional generada por el desprecio a la niñez ”.

Por su parte, David Peña, coordinador jurídico del Grupo de Acción, señaló que “este caso resulta ser emblemático porque podríamos calificarlo de una «desaparición institucional», es decir, Braulio pudo haber sido localizado a las horas de que se registró su desaparición, a las horas de que murió en este accidente de tránsito se pudo haber identificado y entregado el cuerpo, pero se mantuvo en calidad de desaparecido por la burocracia de las instituciones de la CDMX, por eso se trata de un caso en que la desaparición se mantuvo por errores de las autoridades que negaron su identificación”.

En este camino de dolor, Fernanda Caballero y Miguel Bacilio se han convertido en activistas de la mano del colectivo Hasta Encontrarles CDMX, mismo que opina que “en el caso de Braulio, como el de decenas de miles en este país, no se han fincado responsabilidades a ningún servidor público de ningún nivel y de ninguna instancia, por las aberrantes e indolentes negligencias cometidas. En este sentido, la familia se mantiene en espera y en lucha por una justicia que aún no llega”.

Una historia de indolencia

 Braulio Bacilio Caballero fue atropellado en el paradero del metro Pantitlán el 28 de septiembre de 2016. El responsable intentó darse a la fuga y arrastró al menor casi 500 metros hasta ser detenido por las autoridades.

Braulio aún se encontraba con vida al llegar la ambulancia y fue trasladado al Hospital General Balbuena en el que se le recibió con negligencia médica y donde falleció un par de horas más tarde. Esta tragedia marcaba el final de la vida del infante, sin embargo, la negligencia de las autoridades marcaba el inicio de una pesadilla para su familia, misma que se extiende hasta la fecha.

Tanto los paramédicos, como el personal del Hospital General Balbuena registraron a Braulio como un adulto de 20 años, cuando apenas tenía 13 años. Al arribar su cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO), hoy Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO), no se rectificó este evidente error y al cabo de unos días el cuerpo del menor fue llevado a la fosa común de mayores de edad.

Mientras tanto, Fernanda Caballero y Miguel Bacilio buscaban con desesperación a su hijo en todos lados, con la incertidumbre de que se encontrase con o sin vida.

La Alerta Amber, herramienta que debería funcionar en las primeras horas de la desaparición, no fue levantada por negligencia; en el Ministerio Público se revictimizó a Braulio e incluso se intentó inculpar a los padres por la ausencia de su hijo. En el Centro de Apoyo para Personas Extraviadas (CAPEA) solo se les entregó un volante de desaparición, dejando toda la responsabilidad de la búsqueda a la familia.

Este trato es el recibido por el grueso de las personas de clase trabajadora que se acercan a las instancias de atención gubernamental ante una crisis. Como muestra de ello, es destacable que la familia de Braulio obtuvo la Alerta Amber hasta el 16 de abril de 2018, casi tres años después de la desaparición de su hijo.

La investigación en el lugar de los hechos estuvo también plagada de ineptitud y desinterés de las autoridades. Ante la solicitud de la familia del menor para revisar las cámaras de Seguridad Pública, las autoridades mostraron la grabación de algunas cámaras y no le mostraron el pietaje de otra de las cámaras, que sí registró el accidente y del que autoridades tenían conocimiento.

Tanto las autoridades encargadas de investigar la desaparición de Braulio, como aquellas encargadas de investigar el atropellamiento de un “hombre de 20 años” realizaron investigaciones que no se relacionaron en ningún nivel, es decir, a pesar de que los hechos sucedieron en el mismo día, en el mismo lugar, no se realizó un cruce de datos que permitiera localizar e identificar a la víctima.

La familia continuó la búsqueda con la esperanza de encontrarle con vida, pero también con la apertura a revisar periódicamente las morgues.

La burocracia del sistema forense generó que el perfil genético obtenido del cuerpo “desconocido de veinte años” recibido en el ahora INCIFO (en septiembre de 2016) , fuera almacenado en la base de datos de adultos fallecidos.

Esto generó que, al momento de querer empatar el perfil genético obtenido de los padres, con el de alguna persona en la fosa común de menores de edad, no se generara una coincidencia. Esto debido a que los restos de Braulio se registraron únicamente en la base de datos genéticos de personas mayores de edad.

La búsqueda nunca cesó, los padres fueron conscientes de que Braulio podía aparecer en una morgue en cualquier momento, por lo que continuaron buscándolo periódicamente en este sitio.

Para 2022 Braulio ya hubiese rebasado los 19 años por lo que fue buscado en los registros genéticos forenses de personas mayores de edad, siendo de esta forma que el 11 de abril pasado se confirmó el hallazgo del cuerpo de Braulio Bacilio Caballero en una fosa común de adultos y se le confirmó a la familia que su hijo había muerto por un atropellamiento el mismo día de su desaparición.