Abstencionismo, el gran ganador de la elección del Poder Judicial

Baños Martínez comenzó su análisis apuntando que esta elección nació de una reforma constitucional acelerada, implementada sin el tiempo ni las condiciones necesarias para garantizar su correcta operación.

“No se respetaron los tiempos de planeación requeridos para una elección de esta envergadura. Todo fue apresurado, sin que se ajustaran bien los marcos legales ni los procedimientos técnicos”, explicó.

El exconsejero cuestionó la labor de los comités de evaluación, encargados de seleccionar a los candidatos para ser votados.

Afirmó que estos comités estuvieron dominados por personas afines al partido en el poder (Morena), lo que derivó en una integración parcial y deficiente de las listas.

“Particularmente el comité del Poder Legislativo incurrió en prácticas preocupantes: publicaron listas con nombres inexistentes y otros que no estaban debidamente registrados.

«Se intercambiaron nombres con el INE sin saber si realmente estaban inscritos. Algunos fueron colocados por ‘interés político’, no por méritos ni criterios objetivos”, dijo.

Además, reveló que varios aspirantes cuyos nombres fueron sorteados fueron excluidos sin justificación clara, violando sus derechos políticos.

Una situación que, señaló, se agravó por la actuación de la Cámara de Senadores, que modificó listados a días de la impresión de las boletas.

Una elección sin garantías ni equidad

Uno de los puntos más delicados que señaló Baños fue la decisión de no inutilizar las boletas sobrantes después de concluida la jornada electoral, lo que abre una peligrosa ventana a la manipulación de resultados.

“Las boletas que no se usen no serán destruidas ni resguardadas debidamente. Eso revive fantasmas del pasado. Si hay intereses en modificar el resultado de alguna candidatura, el simple hecho de que existan boletas disponibles genera margen para el fraude”, advirtió.

Asimismo, cuestionó que las candidaturas no contaran con mecanismos de financiamiento público o privado.

Al no establecerse reglas claras sobre los recursos que pueden utilizar, se generó una contienda desigual, en la que solo quienes tenían dinero propio pudieron promocionarse, en su mayoría, a través de redes sociales.

“Esto ha hecho que la competencia sea completamente inequitativa. No hay condiciones justas para todos los aspirantes. Y si alguien se ‘brinca’ las reglas, nadie lo fiscaliza”, enfatizó.

Coacción del voto y uso electoral de programas sociales

En la charla, el exconsejero del INE también denunció hechos documentados en investigaciones periodísticas y publicaciones en redes sociales, donde servidores públicos están instruidos para intervenir en la elección, especialmente en estados gobernados por Movimiento Ciudadano y Morena, como Jalisco y Nuevo León.

“Se han dado casos de funcionarios entregando ‘acordeones’ con los nombres de los candidatos que deben promover. Uno de los casos más graves ocurrió en Zapopan, donde una persona vinculada a programas sociales fue grabada entregando listas de votación junto con apoyos para niños con discapacidad. Eso es coacción del voto, y además, una violación ética y legal”, explicó.

Un golpe a la autonomía del Poder Judicial

Para Marco Antonio Baños, el mayor riesgo no solo está en los resultados de una elección cuestionada, sino en su impacto sobre la legitimidad y autonomía del Poder Judicial.

Con una participación mínima, sin reglas claras, con candidatos seleccionados bajo criterios opacos y con boletas electorales sin control, la elección del 1 de junio podría marcar un punto de inflexión en el sistema político mexicano.

Según Baños, no se trata solo de una elección fallida, sino de una amenaza directa a la división de poderes y a los principios básicos de la democracia constitucional.

“Esta elección no tiene las condiciones para garantizar su autenticidad. Si el proceso carece de integridad desde el origen, lo que tendremos al final es un Poder Judicial debilitado, colonizado por intereses partidistas. Y eso es un retroceso para la democracia”, concluyó.