Periodistas Unidos. Ciudad de México. 02 de diciembre de 2025.- El Consejo Nacional Agropecuario (CNA), principal organización representativa del sector agrícola en México, reconoció este martes la disposición al diálogo de la presidenta Claudia Sheinbaum en el análisis de la nueva Ley de Aguas, una reforma clave para ordenar el uso del recurso hídrico en un contexto de escasez creciente y debates intensos sobre concesiones y sostenibilidad.
En un comunicado oficial, el CNA elogió la «apertura mostrada» por el Gobierno federal durante las mesas de trabajo con legisladores y la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Esta iniciativa, enviada por Sheinbaum al Congreso en octubre pasado, busca actualizar el marco jurídico del agua tras su derogación por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y años de retrasos en gobiernos anteriores. La reforma forma parte de la agenda prioritaria de la administración, junto con cambios en materia energética, judicial y de bienestar.
Diálogo constructivo en medio de tensiones previas
El respaldo del CNA llega tras semanas de protestas y bloqueos carreteros por parte de agricultores y transportistas, quienes temían que la ley afectara concesiones existentes, productividad agrícola y seguridad alimentaria. El sector, que consume cerca del 75% del agua disponible en el país, había advertido sobre posibles pérdidas en un escenario de sequías recurrentes, crecimiento urbano y alta demanda industrial.
Sin embargo, las mesas de diálogo instaladas la semana pasada han permitido avanzar en ajustes. La presidenta Sheinbaum ha reiterado que la «esencia» de la ley no cambiará: el agua como derecho humano y no como mercancía, con énfasis en combatir el acaparamiento privado y regular concesiones inactivas o subutilizadas. «Lo que tiene que ver con las concesiones es el fundamento de la iniciativa; esa no puede cambiarse», afirmó Sheinbaum el 28 de noviembre en su conferencia matutina, al tiempo que descartó apoyos indirectos a organizaciones y priorizó transferencias directas a pequeños productores de maíz y trigo.
El CNA enfatizó que el nuevo marco debe ser «eficaz, equilibrado y de largo plazo», para proteger el patrimonio de los agricultores y garantizar el bienestar general. «Expresamos nuestra confianza en que, mediante el diálogo y la voluntad de todas las partes, se alcanzará una legislación que impulse al campo mexicano hacia una mayor productividad, justicia y sostenibilidad», señaló la organización.
Avances legislativos y amenazas de nuevos bloqueos
La discusión en el Congreso avanza en fase decisiva, con énfasis en depurar el padrón de concesiones —identificado como contradictorio en tres bases de datos oficiales— y promover la tecnificación de riego para pequeños y medianos productores. Sheinbaum ha defendido la reforma como un paso para «poner orden» y evitar «negocios millonarios a costa del derecho al agua de comunidades enteras», sin frenar el crecimiento económico.
No obstante, persisten tensiones: organizaciones campesinas como el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano han advertido que, si no se cumplen las promesas de ajustes, retomarán bloqueos en carreteras, garitas y aduanas con mayor fuerza, tras causar afectaciones millonarias en protestas previas. Expertos señalan que la ley busca atajar el «acaparamiento» de agua, beneficiando a comunidades indígenas y ejidos, aunque opositores argumentan riesgos para el acceso de agricultores.
Hasta el cierre de esta nota, el Gobierno federal no ha emitido respuesta adicional al reconocimiento del CNA, pero se espera que las mesas técnicas continúen para pulir la iniciativa antes de su aprobación final. El sector agropecuario, clave para la soberanía alimentaria, observa con optimismo este giro hacia el consenso, en un país donde el agua es cada vez más un recurso crítico.