Amenazan contrato “a modo” en el CJF
Por José Sobrevilla
Periodistas Unidos. Ciudad de México. 22 de noviembre de 2018.- Lo intentaron varios meses atrás, pero el ruido mediático los hizo desistir; sin embargo, esta ocasión, aprovechando el ‘puente’ de Día de muertos, el miércoles 14, poco después de las 12 de la noche, se llevó a cabo la licitación mediante la cual la empresa Cisco, proveedora de productos y servicios de telefonía IP, (nombre que deriva de San Francisco, California) lugar de origen, buscaría ganar un contrato por servicios telefónicos multianuales administrados de red privada virtual con valor de 2 mil 800 millones de pesos, según ha denunciado personal del Consejo de la Judicatura Federal, CJF, que preside Luis María Aguilar Morales.
Este contrato, aseguran trabajadores que pidieron reservar sus nombres, ejercerá 140 millones de dólares cada año hasta 2022 y proveerá de tecnología obsoleta, una solución SD-WAN para la creación automática de túneles IP-SEC, que ha sido tan rebasada y que actualmente dependencias como el IMSS, el ISSSTE o la SHCP ya usan componentes que no requieren los excesos técnicos amañados que pretende imponer el CJF y que nos aseguran ya ha llamado la atención del equipo del nuevo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador ya que la información la han difundido varios periodistas, entre ellos el columnista Francisco Rodríguez y que abarcará los primeros cuatro años del gobierno ‘anticorrupción’ de AMLO.
Todo este enjuague, denuncian, ha sido orquestado por un amigo del titular de la CJF y de la propia Suprema Corte de Justicia llamado Roberto García, conocido como “El Maestro”, quien opera con Enrique Escamilla, todos coludidos con el director general de Tecnologías de la Información del CJF Enrique Uribe Escamilla y Eduardo César Mendoza Ramírez, directores de área, ambos egresados del IPN, así como Miguel Francisco González Canudas, quien es ahora secretario Ejecutivo de Administración y, paradójicamente, ha cursado talleres de Transparencia en el CJF y el Instituto de la Judicatura.
Los denunciantes aseguran que los operadores de este presunto fraude son prepotentes y llevan una vida de lujos que no corresponde a sus ingresos, y pidieron a este medio se garantice una licitación pública nacional con mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad, pero sobre todo, como manda la Ley de Adquisiciones, llevar a cabo una invitación restringida a proveedores serios que sí operen en México como Uninet, Axtel, Alestra, Bestel, Maxcon o Total Play.
Para nadie es secreto que los ministros del CJF perciben unos de los mejores sueldos del sector público del país, incluso por encima de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; no obstante han solicitado por este medio a Luis María Aguilar (quien dejará el cargo dentro de unos meses), a Felipe Borrego Estrada, Rosa Elena Gonzáles Tirado, Martha María del Carmen Hernández Álvarez, Alfonso Pérez Dasa, José Guadalupe Tafoya Hernández y Jorge Antonio Cruz Ramos, detener e investigar este posible acto de corrupción que podría concretarse en cualquier momento.
Febrero de 2017 la PGR conoció del hallazgo de casi cuatro millones de pesos en un vehículo estacionado frente al edificio de la Judicatura Federal (Carretera Picacho-Ajusco 170, Jardines de la Montaña, Tlalpan) que había sido asignado a Francisco Javier Pérez Maqueda, titular en aquel momento de la Dirección de Inmuebles y Mantenimiento del CJF, quien llegó a ese organismo luego de la elección de Luis María Aguilar (principios de 2015), y procedía de Recursos Materiales y Servicios Generales de la PGR donde había sido director y aseguran firmó contratos de servicios tecnológicos que en su mayoría no fueron proporcionados.
Pérez Maqueda y el presidente de la SCJN habían sido vecinos en San Jerónimo Lídice, sin embargo por el dinero encontrado en el auto no lo pudo sostener en el cargo y fue dado de baja. Lo denunció Francisco González Canudas, entonces director jurídico y hoy responsable técnico de administración (CJF) y coludido.