Periodistas Unidos. Ciudad de México. 09 de noviembre de 2026.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció la ampliación de sus investigaciones de oficio en torno a posibles irregularidades y redes de corrupción en los procesos de contratación del Instituto Nacional Electoral (INE) y de diversos Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES). De forma inédita, el órgano fiscalizador federal confirmó la integración de informantes clave a las indagatorias, quienes han aportado testimonios y material probatorio a cambio de apegarse al programa institucional para la reducción de sanciones administrativas.
Mediante un comunicado oficial, el órgano técnico encabezado por Aureliano Hernández Palacios Cardel detalló que esta colaboración se sustenta en el «Programa de Reducción de Sanciones para Informantes en Investigaciones», mecanismo contemplado en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. La intervención de personas directamente involucradas en los esquemas de licitación ha permitido a la entidad fiscalizadora reconstruir el modus operandi mediante el cual operaron dichas irregularidades durante varios años en el sistema electoral mexicano.
Entre los elementos probatorios recabados e integrados a los expedientes figuran testimonios directos, documentación oficial, registros fotográficos, material de video, estados financieros, ubicaciones de domicilios vinculados, sabanas de mensajes de mensajería instantánea como WhatsApp, así como la identificación formal de nombres y seudónimos de personas funcionarias públicas y particulares presuntamente involucradas en la estructura de desvío.
Las investigaciones encabezadas por la ASF han permitido documentar indicios sólidos sobre la existencia de un duopolio empresarial favorecido en licitaciones del INE. De acuerdo con los hallazgos, los beneficiarios finales de dichas razones sociales intervenían de forma irregular en la selección de proveedores y en la confección de los requisitos técnicos de las convocatorias para direccionar las adjudicaciones en beneficio de sus propios intereses económicos.
Para ilustrar el funcionamiento del entramado, la ASF difundió un esquema analítico que identifica la colusión de tres actores centrales: empresas fachada, beneficiarios finales y servidores públicos de la estructura interna del INE y los OPLES. El organismo ratificó que mantendrá las pesquisas activas con el fin de identificar a la totalidad de los integrantes de la red, rastrear el destino final de los recursos públicos desviados y promover las sanciones penales y administrativas correspondientes ante las autoridades competentes.