Ante la crisis migratoria y de refugiados hacemos un llamado a la reflexión, dialogo y la articulación interinstitucional

Foto: Pedro Anza / Cuartoscuro

A los medios de comunicación,

A los organismos internacionales,

A las organizaciones de la sociedad civil,

A la sociedad en general,

A las autoridades competentes.

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 18 de abril de 2019.- El colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sur Mexicano, manifestamos nuestra alerta ante las acciones implementadas por el gobierno federal, a través del Instituto Nacional de Migración (INM), perteneciente a la secretaría de Gobernación (SEGOB), en el trato que han decidido dar a las personas migrantes que desde el pasado 23 de marzo, han cruzado la frontera Guatemala-México.

Durante los últimos veintiséis días hemos podido observar y monitorear distintas acciones del INM, que han provocado diversas violaciones a derechos humanos en contra de las cerca de 5 mil personas que han ingresado al país. Entre ellas se encuentra el cierre de las oficinas de regularización y la falta de información clara sobre los procesos que cada una de las personas tendría que realizar para regular su estancia en México, generando graves incertidumbres entre el grupo llevándolos al límite de su estabilidad emocional, hecho que consideramos un trato cruel, inhumano y degradante.

Es importante señalar que el grupo se integra en su mayoría por familias, mujeres que viajan solas con sus hijos lo que lleva a que haya un número importante de niñas, niños y adolescentes. Algunos de ellos ya cuentan con un proceso de asilo iniciado, pero la mayor parte desconoce este derecho. En este sentido y escuchando los motivos que les han obligado a huir de su país, nos hemos percatado que muchos de ellos podrían ser sujetos de protección internacional, sin embargo, en estos veintitrés días, la presencia de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, ha sido prácticamente nula, por lo que no ha sido posible la identificación oportuna de perfiles para acceder al proceso de asilo contemplado en el marco jurídico nacional. De ser deportados, sin procesos de identificación, se estaría poniendo en grave riesgo su integridad física e inclusive su vida.

Asimismo, manifestamos nuestra alerta y preocupación ante la falta de presencia de las Procuradurías de Protección a la Infancia tanto Federal como local, su ausencia impide que se dicten todas las medidas pertinentes para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en el grupo. Cabe señalar que algunos de ellos viajan solos, lo que obliga a las autoridades a brindar una atención diferenciada y a dictar de manera inmediata, medidas tendientes a garantizar su seguridad, integridad física y emocional, así como el acceso al proceso de asilo, de ser caso. Con esta omisión se pone en grave riesgo los derechos de la infancia.

Nos alerta el número de operativos de detención que se han implementado en los últimos días en los que se encuentran presentes agentes de migración, policías federales, municipales y estatales, lo que habla de una Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano lógica de criminalizar a la migración Estos operativos y detenciones masivas han colapsado la capacidad de la Estación Migratoria Siglo XXI cuya capacidad es de 900 personas, hoy se encuentra al doble de este cupo, produciendo de facto una violación de derechos al no contar con las condiciones mínimas de estancia, provocando hacinamiento, un ambiente insalubre con riesgos a la seguridad, a la salud física y mental de las que pueden derivar la violencia y hostilidad.

Esta situación ha llevado a la reapertura de las instalaciones de la “Feria Mesoamericana” como extensión de la Estación Migratoria siglo XXI, tal y como se hizo en octubre 2018. Nos vuelve a preocupar el hecho que se condicione la detención migratoria para acceder a alguna forma de regularización migratoria o solicitud de refugio, a la asistencia humanitaria y que sea parte del ciclo de detención y deportación sistemática sin tomar en cuenta las necesidades de protección y garantía de derechos, particularmente de niños, niñas y adolescentes.

Nos alerta y preocupa que tanto gobierno federal como el del Estado de Chiapas, hasta el momento no tengan claro un plan de asistencia humanitaria. Lo observado en los campos 1 y 2 de Mapastepec en el que se concentraron poco más de 1600 personas, da cuenta de ello. En estos espacios hemos documentado la falta de acceso al agua y alimentos, a atención médica, a baños y espacios de aseo personal, así como a espacios adecuados y seguros para dormir. Se carece de espacios adecuados y seguros para mujeres que se encuentran solas con sus hijos, así como para niños, niñas y adolescentes que viajan solos, lo que les expone a diversos riesgos. Prácticamente han sido las propias personas las que han tratado de organizarse en los campos, lo que ha terminado en una criminalización.

Nos alarma la circular emitida el día de ayer por el INM en la que advierte a transportistas sobre la posible comisión del delito de tráfico de personas, si se detecta que trasladan a personas pertenecientes a la caravana migrante. Cabe señalar que muchos de los apoyos que reciben las personas en su camino son de la población civil local, quienes de manera solidaria los trasladan a diversos puntos. Este tipo de circulares lo que hace en inhibir la ayuda que la población pueda brindar, dejando solos y en situaciones de mayor vulnerabilidad a las personas de la caravana, además de ser una forma muy sutil de criminalizar la ayuda humanitaria y la solidaridad.

Finalmente nos alerta la criminalización que en este contexto se ha hecho en contra de defensores de derechos humanos, desconociendo el derecho que tenemos a defender derechos, a pesar de los diversos llamados que hemos realizado en diferentes momentos a entablar diálogos que permitan construir una política migratoria distinta a las acciones tan lamentables que hemos observado en los últimos días y que en nada hacen la diferencia con los sexenios pasados.

No obstante, mantenemos nuestra disposición como organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos en realizar procesos de dialogo y articulación con las autoridades competentes para la construcción colectiva de respuestas permanentes basadas en la protección integral de las personas migrantes y solicitantes de refugio.

Firmamos:

Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano American Friends Service Committee (AFSC) – Oficina Latinoamérica y el Caribe, Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Centro de Derechos Humanos Tepeyac, Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, Formación y Capacitación (FOCA), Iniciativas para el Desarrollo Humano, Junax, Kaltsilaltik, Médicos del Mundo – España y Francia (MdM), Red Jesuita con Migrantes – Centroamérica y Norteamérica, Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), Una Mano Amiga en la Lucha contra el SIDA, Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes.