Aumentan un 29% desapariciones forzadas en Chiapas, de enero a mayo de este año

Por Leonel Durante / C. Chiapas

AMEXI. San Cristóbal de Las Casas, México. 01 de julio de 2024.- Las desapariciones forzadas en Chiapas se han incrementado en un 29 por ciento de enero a mayo de este año, en cuyo lapso se registraron mil 192 casos en esta región, un fenómeno atribuido directamente a la creciente presencia y disputas entre carteles del narcotráfico, reveló la Alianza de Asociaciones Locales Red Lupa.

Luis Abarca, coordinador del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, calificó este aumento de alarmante, pues refleja la participación de diversos actores armados, incluyendo grupos paramilitares y delictivos, así como la impotencia de los familiares de las víctimas, quienes enfrentan enormes dificultades para obtener respuestas y justicia, con denuncias de subregistro por parte de las autoridades competentes.

El registro del número de desapariciones en esta entidad de enero al 16 de mayo pasados, enciende los focos rojos sobre un “crecimiento exponencial” de la violencia en los últimos tres años por la disputa de los carteles del narcotráfico en la zona limítrofe con Guatemala, principalmente.

Al respecto, es necesario estacar que a partir de este gobierno se empieza a evidenciar el número de desapariciones forzadas en Chiapas, el cual ha crecido de manera alarmante, consideró Luis Abarca.

El coordinador del citado centro de derechos humanos, señaló que esta problemática corresponde a actores armados, sucesores del paramilitarismo, organizaciones armadas, autodefensas, grupos delictivos y células criminales.

Asimismo, reveló que existe un subregistro de la fiscalía estatal de los casos de desaparición forzada, que no levantan las carpetas de investigación con el carácter de desaparición forzada o simplemente no la registran, por lo que familiares afirman que el gobierno quiere desaparecer a los desaparecidos.

Entre la lista de desaparecidos están Uberlaín Aguilar de la Cruz y Marco Antonio Díaz Gómez, activistas en defensa del territorio y los derechos humanos de los pueblos originarios, miembros de la Organización Campesina Emiliano Zapata-Región Carranza (OCEZ-RC), desaparecidos el 26 de junio 2023.

“Hasta la fecha no hemos tenido ni una razón, no sabemos nada de ellos, hemos estado pendientes de alguna respuesta, pero no hay nada, seguimos igual”, explicó la esposa de Aguilar de la Cruz, María Hernández.

Familiares, directivos de la OCEZ y el Centro de Derechos humanos Digna Ochoa protestaron en la Plaza de la Paz de San Cristóbal de Las Casas para exigir la presentación con vida de los dos activistas.

Los manifestantes se llevaron a cabo por unos minutos al pie de la cruz en medio de la plaza, donde extendieron sus mantas con las fotos de los desaparecidos y leyendas como “Vivos se los llevaron. vivos los queremos”, y “Tierra y Libertad: Organización Campesina Emiliano Zapata”.

Sin embargo, han transcurrido 362 días sin tener rastro de ellos, por lo que solicitaron al gobierno de Chiapas y al federal la aparición con vida de los dos activistas.

De igual forma solicitaron también que se haga justicia para Jorge Armando Hernández Pérez, Abenamar Hernández De La Cruz y Fernando López De La Cruz, activistas asesinados en 2022, y que se investigue el atentado que sufrió Luis Manuel Hernández Pérez.

En paralelo, Tapachula emerge como el epicentro de esta crisis, con 166 desapariciones reportadas de un total de mil 119 casos contabilizados en todo el estado de Chiapas.

Otros municipios costeros como Tuxtla Gutiérrez, Frontera Comalapa, y Palenque han registrado cifras significativas, subrayando la magnitud del problema que afecta a hombres, mujeres y, de manera preocupante, a niñas y adolescentes.

Ante este panorama, la Red Lupa ha instado a fortalecer los mecanismos de búsqueda y localización de personas desaparecidas, así como a implementar programas de prevención que aborden las causas estructurales de este grave problema.

La crisis de desapariciones en Chiapas refleja una situación de emergencia humanitaria que requiere respuestas inmediatas y efectivas por parte de las autoridades competentes y la sociedad en su conjunto.

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