Autoridades mexicanas reconocen incapacidad de garantizar justicia a familiares de Bety Cariño y Jyri Jaakkola

• Autoridades del Gobierno Federal y de la Fiscalía General de Oaxaca acordaron agilizar y avanzar junto con las familias ante la CIDH

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 14 de octubre de 2022.- Después de la liberación, el 7 de septiembre de 2022, de los últimos cuatro presuntos responsables del asesinato de los defensores Alberta «Bety» Cariño y Jyri Antero Jaakkola, de nacionalidades mexicana y finlandesa, respectivamente, una delegación de eurodiputadas acudió a nuestro país con el objetivo de anunciar que, ante el panorama de doce años de impunidad en México, este asunto será llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En su décima primera visita a este país, las eurodiputadas Ska Keller, Anna Cavazzini y la exdiputada Gaby Küppers, del Grupo de Verdes/Alianza Libre Europea (Greens/EFA) sostuvieron reuniones con autoridades estatales y federales entre el 10 y el 13 de octubre, ante quienes expusieron que acompañarán a las familias de las víctimas ante su demanda ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Lo mismo informó la embajadora de Finlandia Päivi Pohjanheimo quien también estuvo presente en las reuniones acompañando a Eeva-Leena Jaakkola, madre de Jyri y a Turo Jaakkola, hermano del finlandés; así como a Omar Esparza, viudo de Bety Cariño.

El abogado y defensor de derechos humanos David Peña, señaló en conferencia de prensa la complejidad de que se tomen acciones a nivel local para resolver el caso pues “el grupo armado UBISORT que estamos señalando como responsable del crimen tiene complicidad con líderes del partido político local Partido Unidad Popular, que apoyó al gobernador electo en su candidatura, es decir, que este grupo armado a través de ese partido local tiene una alianza electoral con Morena, lo que complejiza que se actúe en contra de estos intereses lo que abona a la decisión de resolver el caso ante el sistema interamericano”.

El jueves la delegación, se reunió con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas. A dicha reunión acudieron, además, por el ámbito local, el fiscal de Oaxaca Arturo Peimbert y, por el ámbito federal, el director general de Derechos Humanos de la SRE, Christopher Ballinas y el titular del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Enrique Irazoque.

En este encuentro se les expuso a las autoridades la decisión de las familias de ir al sistema interamericano a causa de la falta de voluntad política a nivel local que ha mantenido el caso en la impunidad.

La representación jurídica de las familias recalcó a los funcionarios que a causa de las cíclicas y permanentes violaciones a los derechos humanos que se han documentado en el asunto y a más de 12 años de haber ocurrido, la impunidad es total.

En dicha reunión de alto nivel “acordamos con las autoridades mexicanas que no litigarían el caso en la CIDH, sino que lo acompañarán sin pleito y con la posibilidad, no solo de buscar mecanismos de seguridad y de justicia en este caso, sino de atender algunos de los temas estructurales que se han detectado a raíz del mismo, mismas que son deficiencias del propio Estado mexicano que queremos compartir ante la Comisión» señaló Peña.

En conferencia de prensa, la directora de Acción DH Karla Micheel salas agregó que “los gobiernos local y federal han reconocido que este caso les ha rebasado, las autoridades locales por su parte, han demostrado su incapacidad para llevar a la justicia a los responsables, así como para sostener las acusaciones contra los detenidos y brindar protección a los testigos» señalando también que esa impunidad fue producto de la inacción de la Fiscalía General de la República «instancia que investigó al grupo armado y pese a que éste cuenta con armas de grueso calibre con las que controla varias comunidades del pueblo triqui, la instancia Federal no logró acreditar ningún delito».

“Tras 12 años de buscar justicia nos enfrentamos a este grupo, ahora que los detenidos han sido absueltos por decisión del poder judicial y por la incompetencia de la Fiscalía estos sujetos gozan de una carta abierta para seguir cometiendo más crímenes por esto mismo hemos manifestado nuestra preocupación del riego en contra de testigos y familiares por lo que esperamos que el estado cumpla su obligación y compromiso de brindarles protección,” enfatizó la abogada de Acción DH.

En la conferencia de prensa, Omar Esparza, viudo de Bety Cariño agregó: “esperemos que las autoridades a partir de estos diálogos que hemos tenido sean realmente sensibles al este nuevo capítulo que para nosotros ya cierra un ciclo de 12 años difíciles, de impunidad.”

Mientras que la eurodiputada Ska Keller apuntó que ”no es la primera vez que nos reunimos con esta administración, sin embargo, hubo ahora compromisos de los diferentes niveles de gobierno, con Segob, con SRE, y Fiscalía de Oaxaca quienes se mostraron colaborativos, esperamos que haya avances y apoyo del gobierno ahora a nivel internacional para que los familiares puedan tener un cierre de su dolor”.

Por su parte la madre de Jyry Jaakkola declaró que “todos estos años nuestra demanda ha sido protección de los testigos, de las víctimas como Omar (Esparza), de los abogados y los sobrevivientes, nunca se ha brindado protección suficiente, espero que en un futuro haya protección.”

Y concluyó la madre del finlandes asesinado con una expresión que denota lo complicado de todo el proceso «aquí en México he comprendido y entendido lo que significa la palabra impunidad» rematando al decir que «si no encontramos la justicia en México a nivel internacional estamos seguras que si la alcanzaremos».