Ayotzinapa: ¿la mentira institucionalizada?
Como siempre, se nos fabula,
en algo que llaman la verdad histórica,
un cuento de hadas corrompidas, malolientes,
que buscan a toda prisa,
a carpetazo impúdico, contagiar
la supuesta ingenuidad de los padres de familia
y a quienes cerramos filas con su angustia
el virus del engaño. El basurero de Cocula,
donde el poder ha sembrado con ahínco
su versión de las cosas,
es el mayor yacimiento de mentiras
de nuestra historia actual
Y vivos los queremos.
Enrique González Rojo
La noche de Iguala y el despertar de México
Periodistas Unidos. Ciudad de México. 21 de septiembre de 2023.- En México, el 26 de septiembre es un día de recuerdos trágicos, sigue siendo una herida abierta. Esa fecha rememora el terror de Estado, como el 2 de octubre de 68. A nueve años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa se ha avanzado mucho para encontrar la verdad de los hechos abominables ocurridos durante la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre de 2014; pero también falta mucho para tener la verdad completa. Mientras no se sepa dónde están los estudiantes y prevalezca la impunidad de los asesinos, tanto de los narcos como de las autoridades gubernamentales, no habrá justicia en este país.
La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, de la Secretaria de Gobernación, creada en este sexenio presidencial y cuyo responsable es Alejandro Encinas, logró desmantelar, en agosto del año pasado, la “Verdad histórica” fabricada durante el sexenio de Peña Nieto, concluyendo en un informe que la desaparición de los 43 estudiantes en 2014 “constituyó un crimen de Estado” y que no hay indicio alguno de que las víctimas se encuentren con vida. El informe estableció que en el crimen “concurrieron integrantes delictivos del grupo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano”. Dicho informe tuvo la primera consecuencia con la detención en México del exfiscal de la República Jesús Murillo Karam “por desaparición forzada y tortura en el caso Ayotzinapa”. Él fue uno de los principales responsables de ocultar la verdad de los hechos, pero otros grandes responsables nunca han sido acusados de nada como es el expresidente Enrique Peña Nieto y su secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, a pesar de que López Obrador Andrés Manuel López Obrador consideró que la detención Cienfuegos es una muestra de la descomposición del gobierno a manos de la corrupción durante el periodo neoliberal. Cienfuegos fue detenido por el gobierno de Estados Unidos en octubre de 2020, pero después fue liberado a petición del gobierno de AMLO. La cúpula de la “Mafia del poder” sigue siendo intocable.
La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa también determinó que la desaparición de los 43 estudiantes fue un crimen de Estado, cuestión que ya sabía todo el mundo desde las primeras semanas de ocurrido el atentado terrorista en septiembre. Lo más reciente es que Andrés Manuel López Obrador afirmó este lunes 18 que su Gobierno tiene todas las grabaciones de las conversaciones privadas del cártel Guerreros Unidos relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014 y está a favor de difundirlas: “Yo soy partidario de la transparencia, no me gusta que se utilice el debido proceso como el debido pretexto para no dar información, para ocultar información”. Tal declaración está muy bien, como retórica demagógica; sin embargo, es la propia Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) la que está ocultando mucha información decisiva para aclarar los hechos y no se percibe que haya una exigencia del propio ejecutivo para una apertura de información castrense y dar trasparencia al asunto. Asimismo, AMLO reveló que se reunirá con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa por primera vez desde la salida del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en julio pasado al denunciar la obstrucción de las Fuerzas Armadas en la investigación ¿Habrá algún compromiso serio del presidente con los padres de los jóvenes desaparecidos?
La impunidad absoluta. El 25 de julio pasado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) Ayotzinapa realizó una conferencia de prensa en el Centro Cultural Tlatelolco para dar a conocer los más recientes hallazgos, los obstáculos que ha encontrado y los pendientes que quedan del caso de desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. Este fue su sexto y último informe, pues declaran no hay condiciones para que puedan continuar sus labores. En palabras de Carlos Martín Beristain, el riesgo que han enfrentado es que la mentira se institucionalice como respuesta, lo cual es inaceptable. El GIEI documentó “la colusión” de sectores del Ejército en Iguala con el narcotráfico, así como el “conocimiento” que tenía de los nexos de otras autoridades, desde antes de los ataques y la desaparición de los 43 normalistas. Para el GIEI, “eso explica en parte su actuación, ocultamiento y falta de protección a los jóvenes, a pesar de la información con que contaban desde las 18 horas de ese día, 26 de septiembre de 2014, y durante toda la noche”. En el apartado “Actuación del Ejército”, los expertos internacionales refieren que los hechos ocurrieron en el contexto del trasiego de drogas entre Iguala y Chicago, en Estados Unidos, y que “las escuchas telefónicas” durante el proceso judicial contra Pablo Vega, conocido como El Transformer, líder de una célula de Guerreros Unidos, y otros, en 2014, “muestran que había colusión entre ese grupo delictivo con mandos militares, tanto del 27 Batallón de Infantería, como del 41 Batallón de Iguala”.
Una de las grandes promesas de López Obrador durante su campaña electoral para presidente era regresar las tropas militares a los cuarteles. Dicha promesa ha sido absolutamente incumplida; peor aún, durante su gobierno ha venido aumentando la militarización en todo el País. Lo ocurrido hace 9 años en Iguala, Guerrero, fue producto de la violencia del poder de los cárteles mafiosos del narco coludidos con autoridades gubernamentales de todos los niveles, incluidos los mandos militares. Ahora, pese a mas tropas castrenses en todo México –las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional despliegan más de 173,000 elementos en todo el territorio nacional–, el crimen organizado cubre 81 por ciento del territorio nacional, el Cártel Jalisco Nueva Generación opera en 28 estados, y el Cártel de Sinaloa en 24. El Ejército mexicano incrementó su poderío militar: escaló 11 posiciones en el ranking mundial de Fuerzas Armadas. La militarización crece junto con la hiperviolencia social. En México se han encontrado 2 mil 720 fosas clandestinas a la fecha y han sido reportadas como desaparecidas 290 mil 824 personas entre 1962 y este 2 de agosto de 2023. De esas casi 300,000 personas, 110,106 han sido reportadas como desaparecidas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El gasto militar se ha incrementado pero no el de las escuelas normalistas rurales como la de Ayotzinapa; un ejemplo del gasto “social” para los pobres…
“No existe un cártel que no tenga vínculo con el Estado”, afirma la canadiense Marie Paley, doctora en sociología. https://brecha.com.uy/no-existe-un-cartel-que-no-tenga-vinculo-con-el-estado/. El proceso de militarización echándole leña a la hiperviolencia social no contribuye a ninguna pacificación del País. Este proceso forma parte de una estrategia política acorde a los cánones neoliberales desde los años ochenta. Esto lo afirma el investigador mexicano Oswaldo Zavala, quien dice: “Esto que llamamos guerra contra el narcotráfico es una retórica que encubre un proceso militarista muy común en la era neoliberal. A partir de los años ochenta, y contra la opinión de algunos expertos en la materia, el papel del Estado no se redujo en términos absolutos, sino que se transformó. Si bien sí se redujo en ciertos aspectos, sobre todo en su papel de bienestar, agrandó sus aparatos de seguridad y los usó para allanar el fluir del capital transnacional. El papel del Estado en la era neoliberal es acompañar estos flujos con un aceitado aparato de seguridad, por eso, lo que se nombra como guerra contra el narco es un proceso que hace de la violencia estatal un modo de administración pública. Es evidente que la violencia le es necesaria en zonas de México donde se instalan megaproyectos que, con frecuencia, tienen oposición local, ambientalista o comunitaria. La era neoliberal también acelera el despojo territorial y de recursos naturales, y el militarismo del narco brinda el marco para ejercer esta violencia en nombre de la seguridad, sistemáticamente dirigida contra los actores locales y comunitarios que sostienen una defensa territorial o pelean por la supervivencia de comunidades afectadas. También es una forma de ejercer el control social en las ciudades, donde abiertamente se habla de hacer una limpieza social”. https://correspondenciadeprensa.com/?p=37275
Mientras siga la militarización del País no habrá forma de encontrar la verdad de los hechos sangrientos del 26 de septiembre de 2014. No solamente fue un crimen de Estado sino además hoy se encubren bajo una razón de Estado. De persistir la complicidad del actual gobierno respecto a este crimen se hará visible uno más de los fracasos políticos y de justicia social de la autodenominada Cuarta Transformación, quedando en evidencia que la búsqueda de impartición de la ley se somete en la realidad a las verdaderas fuerzas del poder económico y político: los grandes intereses empresariales, ligados a los poderosos cárteles del crimen organizado, y sus aliados políticos. Un proyecto de País democrático nunca podrá cimentarse en el trasiego de la violencia del poder del capital. La falsedad de las promesas políticas tienen consecuencias muy graves para una sociedad que anhela la seguridad de la paz social. La política de AMLO de “abrazos y no balazos” no está frenando la hiperviolencia social, es la continuidad de lo que él llama los gobiernos neoliberales, con el agravante de que hoy día tenemos un país más militarizado. Los demonios andan sueltos. La tragedia se extiende por todo el país y los grupos o asociaciones en busca de los desaparecidos se acrecienta día con día, al igual que los crematorios clandestinos. Mientras tanto, desde la idílica visión presidencial parece que vivimos en un Edén: “El país va mejorando y ya no domina la oligarquía”, afirma López Obrador, pero la estela de muertos y desaparecidos es muy larga en la historia nacional de la infamia. La barbarie social ¿Hasta cuando?
¡Justicia plena para los 43 estudiantes de Ayotzinapa y a sus padres y madres!