Bloqueo a cuentas de Medina Mora posterior a renuncia
Foto: Victoria Valtierra / Cuartoscuro
EFE. Ciudad de México. 12 de octubre de 2019.- Las autoridades financieras de México dijeron este viernes que las cuentas bancarias del exministro Eduardo Medina Mora fueron bloqueadas después de su renuncia, para desmentir que fuera presionado para dejar su asiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Medina Mora renunció el 3 de octubre como ministro de la SCJN por motivos personales no explicados y luego de ser aceptada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, su dimisión fue avalada el 8 de octubre por el Senado.
A su renuncia, algunas publicaciones apuntaron que las autoridades financieras bloquearon las cuentas de Medina Mora, de sus hermanos y de sus empresas para obligarlo a renunciar, y que al hacerlo se levantó el bloqueo.
Pero la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) explicó en un comunicado que el bloqueo bancario al exministro ocurrió de manera posterior a su decisión de dejar el cargo en el máximo tribunal.
El requerimiento de bloqueo se hizo «fuera de horario hábil» del 3 de octubre, horas después de que se dio a conocer públicamente la renuncia de Medina Mora, señaló la UIF en el comunicado.
La UIF detalló que los documentos fueron entregados a las 22.30 horas del 3 de octubre (03.30 GMT del 4 de octubre) en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), fuera de los horarios hábiles de esta institución.
Los documentos de petición del bloqueo fueron recibidos el 4 de octubre a las 09.00 horas (14,00 GMT), precisó la UIF al sostener que estos horarios prueban que el bloqueo de las cuentas bancarias de Medina Mora «se realizó después de su renuncia».
La decisión de levantar el bloqueo respondió a procedimientos internos en el marco de la protección de los derechos humanos, de los trabajadores de las empresas y de usuarios del sistema financiero, explicó la UIF.
Medina Mora fue nombrado por el Senado como ministro de la SCJN en marzo de 2015 a propuesta del entonces presidente, Enrique Peña Nieto (2012-2018), para un periodo de 15 años.
La renuncia ocurrió en el contexto de reportes sobre pesquisas sobre presuntas transferencias a sus cuentas entre 2013 y 2017 por más de 103 millones de pesos (5,2 millones de dólares), cifra cuatro veces más grande que los ingresos que tuvo como embajador en Estados Unidos y ya como ministro de la Suprema Corte en ese lapso.
Desde su nombramiento como miembro de la SCJN fue cuestionado por organizaciones civiles que lo acusaron de estar implicado en casos de graves violaciones a los derechos humanos cuando desempeñó cargos de seguridad pública.