Buscan indicios de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en un vertedero de basura
Foto: Francisca Meza / EFE
La búsqueda de indicios de los 43 estudiantes de Ayotzinapa llevó este martes a las autoridades mexicanas a un vertedero de basura cercano a Iguala, la ciudad donde fueron desaparecidos la noche del 26 de septiembre del 2014.
En la víspera del quinto aniversario de su desaparición, el basurero de Tepecoacuilco, municipio del estado mexicano de Guerrero, fue puesto bajo resguardo del Ejército Mexicano, en apoyo de los peritos que ingresaron para buscar pistas de los estudiantes.
Es la primera vez que las autoridades buscan indicios en este vertedero, que prácticamente permanecía desapercibido entre matorrales, casi a orillas del camino y muy cercano a la presa Valerio Trujano.
Aunque la búsqueda de pistas del caso Ayotzinapa, es algo habitual desde la creación en diciembre pasado de la Comisión Presidencial para la Verdad y acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, según confirmaron a Efe.
Este basurero a cielo abierto se localiza a orillas de la carretera que conecta a este municipio con las ciudades de Chilpancingo e Iguala y está vigilado por unas 20 unidades militares.
El operativo de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia pasa prácticamente desapercibido en una vía distinguida por los restaurantes ubicados a orillas de la presa a fin de reactivar la economía de la zona.
El tiradero a cielo abierto solo es delimitado por alambre de púas y el portón es viejo, de fierro y malla, de fácil acceso, sin embargo los militares impiden el acceso a personas ajenas a las diligencias.
Al interior se observan camiones militares de carga conocidos como siete metros que son llenados en un punto del basurero con maquinaria pesada y posteriormente vaciados en otro punto dentro del mismo predio.
Los viajes de carga son continuos, a toda la capacidad de los carros pesados, pues para poder encontrar indicios relacionados con el casos se tendría que remover lo acumulado en el lugar durante cinco años.
También se observa que algunos espacios están cubiertos por toldos para las personas que supervisan, que cuentan solamente con cubrebocas pero no con la típica ropa blanca utilizada en las investigaciones.
De acuerdo con personas de la zona por la mañana el operativo de vigilancia al exterior es mayor que durante la tarde, cuando solo trabaja la máquina pesada.
En julio se llevó a cabo una diligencia con maquinaria pesada al interior de un domicilio de Iguala, que estuvo a cargo del subsecretario de Derechos Humanos del gobierno federal Alejandro Encinas Rodríguez, sin resultados positivos.
Ambas excavaciones recientes son derivadas de la investigación que lleva a cabo la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa y que es diferente a lo que se había investigado en la llamada verdad histórica del gobierno federal anterior.
De acuerdo con la versión oficial del Gobierno de Peña Nieto, los estudiantes fueron interceptados por policías corruptos que los entregaron al crimen organizado, que los mató e incineró en el basurero del municipio de Cocula.
Pero una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso señaló con pruebas científicas que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.
En los últimos días, un juez federal ha ordenado poner en libertad a 24 de los expolicías municipales presuntamente implicados en el caso.
Día antes, había sido absuelto Gildardo López Astudillo, uno de los principales acusados en la tragedia y presunto miembro de Guerreros Unidos, por falta de pruebas.
La búsqueda de indicios de los 43 estudiantes de Ayotzinapa llevó este martes a las autoridades mexicanas a un vertedero de basura cercano a Iguala, la ciudad donde fueron desaparecidos la noche del 26 de septiembre del 2014.
En la víspera del quinto aniversario de su desaparición, el basurero de Tepecoacuilco, municipio del estado mexicano de Guerrero, fue puesto bajo resguardo del Ejército Mexicano, en apoyo de los peritos que ingresaron para buscar pistas de los estudiantes.
Es la primera vez que las autoridades buscan indicios en este vertedero, que prácticamente permanecía desapercibido entre matorrales, casi a orillas del camino y muy cercano a la presa Valerio Trujano.
Aunque la búsqueda de pistas del caso Ayotzinapa, es algo habitual desde la creación en diciembre pasado de la Comisión Presidencial para la Verdad y acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, según confirmaron a Efe.
Este basurero a cielo abierto se localiza a orillas de la carretera que conecta a este municipio con las ciudades de Chilpancingo e Iguala y está vigilado por unas 20 unidades militares.
El operativo de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia pasa prácticamente desapercibido en una vía distinguida por los restaurantes ubicados a orillas de la presa a fin de reactivar la economía de la zona.
El tiradero a cielo abierto solo es delimitado por alambre de púas y el portón es viejo, de fierro y malla, de fácil acceso, sin embargo los militares impiden el acceso a personas ajenas a las diligencias.
Al interior se observan camiones militares de carga conocidos como siete metros que son llenados en un punto del basurero con maquinaria pesada y posteriormente vaciados en otro punto dentro del mismo predio.
Los viajes de carga son continuos, a toda la capacidad de los carros pesados, pues para poder encontrar indicios relacionados con el casos se tendría que remover lo acumulado en el lugar durante cinco años.
También se observa que algunos espacios están cubiertos por toldos para las personas que supervisan, que cuentan solamente con cubrebocas pero no con la típica ropa blanca utilizada en las investigaciones.
De acuerdo con personas de la zona por la mañana el operativo de vigilancia al exterior es mayor que durante la tarde, cuando solo trabaja la máquina pesada.
En julio se llevó a cabo una diligencia con maquinaria pesada al interior de un domicilio de Iguala, que estuvo a cargo del subsecretario de Derechos Humanos del gobierno federal Alejandro Encinas Rodríguez, sin resultados positivos.
Ambas excavaciones recientes son derivadas de la investigación que lleva a cabo la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa y que es diferente a lo que se había investigado en la llamada verdad histórica del gobierno federal anterior.
De acuerdo con la versión oficial del Gobierno de Peña Nieto, los estudiantes fueron interceptados por policías corruptos que los entregaron al crimen organizado, que los mató e incineró en el basurero del municipio de Cocula.
Pero una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso señaló con pruebas científicas que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.
En los últimos días, un juez federal ha ordenado poner en libertad a 24 de los expolicías municipales presuntamente implicados en el caso.
Día antes, había sido absuelto Gildardo López Astudillo, uno de los principales acusados en la tragedia y presunto miembro de Guerreros Unidos, por falta de pruebas.
EFE. Ciudad de México. 25 de septiembre de 2019.- La búsqueda de indicios de los 43 estudiantes de Ayotzinapa llevó este martes a las autoridades mexicanas a un vertedero de basura cercano a Iguala, la ciudad donde fueron desaparecidos la noche del 26 de septiembre del 2014.
En la víspera del quinto aniversario de su desaparición, el basurero de Tepecoacuilco, municipio del estado mexicano de Guerrero, fue puesto bajo resguardo del Ejército Mexicano, en apoyo de los peritos que ingresaron para buscar pistas de los estudiantes.
Es la primera vez que las autoridades buscan indicios en este vertedero, que prácticamente permanecía desapercibido entre matorrales, casi a orillas del camino y muy cercano a la presa Valerio Trujano.
Aunque la búsqueda de pistas del caso Ayotzinapa, es algo habitual desde la creación en diciembre pasado de la Comisión Presidencial para la Verdad y acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, según confirmaron a Efe.
Este basurero a cielo abierto se localiza a orillas de la carretera que conecta a este municipio con las ciudades de Chilpancingo e Iguala y está vigilado por unas 20 unidades militares.
El operativo de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia pasa prácticamente desapercibido en una vía distinguida por los restaurantes ubicados a orillas de la presa a fin de reactivar la economía de la zona.
El tiradero a cielo abierto solo es delimitado por alambre de púas y el portón es viejo, de fierro y malla, de fácil acceso, sin embargo los militares impiden el acceso a personas ajenas a las diligencias.
Al interior se observan camiones militares de carga conocidos como siete metros que son llenados en un punto del basurero con maquinaria pesada y posteriormente vaciados en otro punto dentro del mismo predio.
Los viajes de carga son continuos, a toda la capacidad de los carros pesados, pues para poder encontrar indicios relacionados con el casos se tendría que remover lo acumulado en el lugar durante cinco años.
También se observa que algunos espacios están cubiertos por toldos para las personas que supervisan, que cuentan solamente con cubrebocas pero no con la típica ropa blanca utilizada en las investigaciones.
De acuerdo con personas de la zona por la mañana el operativo de vigilancia al exterior es mayor que durante la tarde, cuando solo trabaja la máquina pesada.
En julio se llevó a cabo una diligencia con maquinaria pesada al interior de un domicilio de Iguala, que estuvo a cargo del subsecretario de Derechos Humanos del gobierno federal Alejandro Encinas Rodríguez, sin resultados positivos.
Ambas excavaciones recientes son derivadas de la investigación que lleva a cabo la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa y que es diferente a lo que se había investigado en la llamada verdad histórica del gobierno federal anterior.
De acuerdo con la versión oficial del Gobierno de Peña Nieto, los estudiantes fueron interceptados por policías corruptos que los entregaron al crimen organizado, que los mató e incineró en el basurero del municipio de Cocula.
Pero una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso señaló con pruebas científicas que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.
En los últimos días, un juez federal ha ordenado poner en libertad a 24 de los expolicías municipales presuntamente implicados en el caso.
Día antes, había sido absuelto Gildardo López Astudillo, uno de los principales acusados en la tragedia y presunto miembro de Guerreros Unidos, por falta de pruebas.