Declaración de la Liga de Unidad Socialista (LUS) sobre el Informe de la Comisión para la Verdad del Caso Ayotzinapa
El pasado jueves 18 de agosto el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, presentó en el Palacio Nacional de la republica de México un informe en su carácter de Presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa. El informe que fue presentado verbalmente fue un resumen de la versión por escrito, que consta de 103 páginas y 8 anexos, donde la Comisión presentó sus hallazgos en torno a la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, hecho acaecido hace casi ocho años la noche del 25-26 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero.
El gran mérito de los familiares de los desaparecidos
Para hacer una evaluación del informe es necesario revisar con cuidado la versión por escrito que consta de centenas de miles de caracteres, ya que describe multitud de hechos que son de gran importancia para quienes apoyamos el movimiento por la presentación de los estudiantes desaparecidos, y también queremos saber y llegar a las profundas y gravísimas consecuencias del significado y las implicaciones políticas de este atroz crimen. Debido a la brevedad que debe mantener una declaración como la presente y la necesidad de dar nuestra posición como socialistas revolucionarios nos reduciremos a tratar sobre aspectos esenciales generales del informe, reservándonos para más tarde el análisis detallado de muchos de los otros aspectos dignos de consideración.
Es necesario señalar y tener presente que los avances contenidos en el informe en cuanto al esclarecimiento de los hechos se han logrado, en gran medida, gracias a la persistente y tenaz presencia –tanto a nivel nacional como internacional– del movimiento masivo por la búsqueda y presentación de los estudiantes desaparecidos, cuyo núcleo central fundamental ha sido y sigue siéndolo, con su ejemplar y encomiable conducta, todas y todos los familiares de los estudiantes desaparecidos.
Las instituciones gubernamentales conocieron los hechos y mintieron
En la página 31 de la versión por escrito podemos encontrar un claro ejemplo de un avance de enormes consecuencias en relación a las versiones oficiales que habíamos conocido hasta la fecha: “Como se puede constatar a lo largo de este informe, tanto las autoridades federales, estatales y municipales (Sedena [Secretaría de la Defensa Nacional], CISEN [Centro de Investigación y Seguridad Nacional], Policía Federal Preventiva, Gobierno de Guerrero, Policía Estatal, entre otras) estaban informadas y dando seguimiento a las acciones de los estudiantes en el marco de las movilizaciones de la Normal de Ayotzinapa y de la FECSUM [Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México] de cara al 2 de octubre en la Ciudad de México”. En otras palabras, los horrendos hechos acaecidos ese fatídico 26 de septiembre del 2014 fueron seguidos, en tiempo real, por instituciones que forman parte fundamental del aparato del Estado mexicano tanto en sus niveles estatales como federales. Es necesario mencionar que la Comisión para la Verdad basa sus aseveraciones en documentación y material proporcionados por las mismas instituciones que fueron objeto de la investigación, como puede apreciarse en la sección titulada “Acopio, análisis y sistematización” en la página 3 del informe.
El informe llega muy lejos cuando, en la página 84, establece claramente que “existió una evidente colusión de agentes del Estado Mexicano con el grupo delictivo de Guerreros Unidos que toleraron, permitieron y participaron en los hechos de violencia y desaparición de los estudiantes, así como en el intento del gobierno de ocultar la verdad sobre estos hechos”. Esta aseveración ha ocasionado mucho malestar en la cúpula de la Secretaría de la Defensa o sea en las altas jerarquías del ejército mexicano. La derecha mexicana es muy consciente de las peligrosas implicaciones que esta situación tiene para los intereses fundamentales no de un gobierno en particular, sea priista, panista u obradorista, sino para los intereses fundamentales del Estado burgués mexicano. Un ejemplo típico de lo anterior se puede aquilatar en el artículo del veterano analista político Raymundo Riva Palacio publicado en la edición del 24 de agosto del diario El Financiero-Bloomberg. Riva Palacio defiende a ultranza a los mandos militares mexicanos, y se indigna especialmente con las órdenes de aprehensión libradas –a raíz del informe– por la Fiscalía General de la República contra puestos de mando y elementos de tropa que pertenecían al 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, a fines del 2014.
Riva Palacio afirma que: “El informe tiene señalamientos que parten más de conjeturas de los presuntos criminales –muchos de ellos hoy libres– que de una investigación…” Sin embargo, una lectura correcta y desapasionada del informe muestra que la evidencia fue recolectada de muy diversas fuentes, incluyendo documentación proporcionada por la SEDENA misma. Es por ello que carece de fundamento el argumento de muchos comentaristas y políticos que consideran que el nuevo informe no añade nada al de la “verdad histórica” de Jesús Murillo Karam claramente producto de vicios y carencias manifiestas al debido proceso judicial en 2014.Tan son diversos los informes y conclusiones que Murillo Karam principal responsable de la “verdad histórica”, como jefe de la ya desaparecida Procuraduría General de la Republica en el gobierno de Peaña está detenido y sometido a juicio. El tipo de ataques que lanza Riva Palacio contra el informe del Subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, son típicos e imperan en los medios de la derecha mexicana, deben ser firmemente rechazados por el movimiento que lucha por conocer la verdad sobre el destino de los estudiantes desaparecidos. La investigación y el debido proceso jurídico al que deben ser sometidos los acusados en el caso Ayotzinapa deben continuar hasta su correcta conclusión que es el castigo a los culpables, los cuales son señalados sin duda alguna en las mismas argumentaciones y hechos descritos del nuevo informe. Este objetivo fundamental para que reine la justicia en México solo será posible lograrlo, insistimos, con la movilización democrática, masiva, firme, independiente y permanente de los trabajadores y del pueblo en general contra quienes obstaculizan y deforman las evidencias.
De la “verdad histórica” a la semiverdad histórica
Precisamente es aquí donde es necesario insistir ya que el informe no prosigue de manera consecuente con las implicaciones lógicas de sus propias argumentaciones, a saber que el hecho que los sucesos acaecidos el 26 de septiembre del 2014 fueron seguidos por varias instituciones que forman parte del núcleo del aparato del Estado. Lo que es más, a partir de la página 84, en la sección acertadamente titulada “La ‘Verdad Histórica’: Una Acción Concertada desde el Aparato Organizado del Poder”, el informe narra la macabra operación de encubrimiento, manipulación de evidencias y “limpieza” con la “participación de autoridades del más alto nivel del gobierno federal”. Pero las 103 páginas del informe se quedan cortas y se detienen sin llegan a la conclusión lógica de señalar y revelar el papel que jugaron tanto la cúpula gubernamental –incluyendo, por supuesto, al presidente Enrique Peña Nieto– como el entramado de intereses y fuerzas que dominan amplias zonas del Estado de Guerrero. La Comisión Para la Verdad llegó a tocar verdades fundamentales del caso, pero ha detenido su avance, y se ha negado a revelar todo lo que hay en el fondo de la tragedia. Continúa así encubriendo parcialmente a los involucrados en los acontecimientos del 25-26 de septiembre. Este enredo de complicidades es notorio con la participación en los gobiernos obradoristas de antiguos notorios priistas y perredistas, uno de cuyos ejemplos más conspicuos es el de Omar García Harfuch, mencionado explícitamente en el informe, quien es el jefe de la policía de la Ciudad de México y que en tanto jefe de la policía federal en Guerrero en ese año fue un protagonista central en la tragedia. La jefa de gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum, públicamente ha salido a defenderlo.
Encubrimientos y complicidades.
Las repercusiones de la investigación del informe de Alejandro Encinas seguirán dándose. Muchas de ellas ya eran sabidas y no representan ninguna novedad, como por ejemplo su contundente afirmación de que los estudiantes no están vivos. Tampoco su conclusión más general de que se trata de un “crimen de Estado”. Millones de mexicanas y mexicanos han gritado y repetido eso en las manifestaciones que se dieron en muchas ciudades de México desde octubre de 2014. Lo nuevo es que tal verdad se reconozca en una de las más altas tribunas de tal Estado, culpable del crimen.
El propio presidente López Obrador, aunque no estuvo al lado de Encinas durante la presentación del informe, salió a su defensa en la mañanera del 24 de agosto cuando declaró que la operación de la investigación del crimen de Ayotzinapa había sido un “montaje”. “En vez de investigar y castigar a los responsables, se optó por ocultar la verdad e inventar algo que no se correspondía a lo que había sucedido” afirmó contundentemente. Una acusación con mucha carga jurídica y política contra el gobierno de su antecesor Peña Nieto, que enfatiza y exacerba las pugnas y fricciones ya existentes de poderosos sectores burgueses priistas y morenistas, las cuales tenderán a agravarse con molitivo de las elecciones del Estado de México en 2023 y las presidenciales en 2024.
Estamos en medio de una grave crisis política que se agravará en los próximos años en la cual están mezclados muchos y complejos procesos de la decadencia del sistema capitalista en México. Uno de los más nefastos y peligrosos es el de la vinculación del aparato de estado con los colosales intereses económicos que se enriquecen de modo fabuloso con el tráfico de drogas y con los demás negocios y actividades criminales en las que participan los protagonistas de estos carteles. Los indescriptibles horrores que hoy suceden, uno tras otro en México, continuarán en tanto no se resuelvan los problemas de fondo, a saber la decadencia de un sistema capitalista en el que al pueblo mexicano sólo le esperan aún más violencia, represión, carestía y deterioro general de vida.
Sólo un movimiento unido, decidido y tenaz que luche de manera independiente contra este sistema va a ser capaz de obligar al gobierno a resolver los pendientes que quedan para alcanzar la verdad y la justicia en el caso Ayotzinapa e instaurar en México las bases de una sociedad verdaderamente democrática, justa, libre y soberana que gobernada por un gobierno de los trabajadores de las ciudades y el campo enrumben al país hacia una sociedad solidaria, una nación socialista.
¡Castigo sin excepción a todos los culpables de los crímenes de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa!
¡Solidaridad total con los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa!
¡JUSTICIA Y VERDAD PARA LOS ESTUDIANTES DE AYOTZINAPA!
Liga de Unidad Socialista (LUS)