Comités comunitarios de agua piden reconocimiento constitucional de su gestión en México

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 09 de octubre de 2024.- Diversos sistemas y organizaciones comunitarias de gestión del agua de todo México hicieron un llamado a las autoridades para que se reconozca constitucionalmente su labor, vital para garantizar el acceso al agua potable y saneamiento a más de 25 millones de personas en zonas rurales, periurbanas y marginadas del país. Esta demanda fue dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a los legisladores de la LXVI Legislatura, con el fin de consolidar en la Constitución lo que denominan una «república con derecho al agua.»

En su pronunciamiento, las organizaciones reconocieron que el tema del agua fue incluido en los 100 puntos de gobierno presentados por la presidenta el pasado 1 de octubre. Sin embargo, expresaron su preocupación por la omisión de la gestión comunitaria del agua, que ha sido esencial para llevar este recurso a regiones donde los gobiernos no han podido garantizarlo. Según su visión, este reconocimiento brindaría certidumbre jurídica y fortalecería la gestión comunitaria, la cual, afirman, debe ser entendida como un derecho, no un privilegio.

Las organizaciones subrayan que la gestión comunitaria del agua es una práctica ancestral que ha funcionado sin fines de lucro, con transparencia y rendición de cuentas a través de asambleas. Esta forma de gestión ha sido un baluarte en la defensa del derecho humano al agua, enfrentando las prácticas mercantilistas y privatizadoras promovidas por modelos neoliberales. A pesar de ello, denuncian que han sido históricamente marginados y operan bajo condiciones precarias, dependientes de la voluntad de las administraciones municipales en turno.

Un ejemplo de la discriminación institucional que enfrentan, señalaron, es la reserva interpuesta en el dictamen de la reforma al Artículo 27 de la Constitución, aprobado el 14 de agosto de este año. Dicha reserva otorga a los municipios la facultad de autorizar, vigilar y revocar la gestión comunitaria, una medida que, aseguran, amenaza gravemente su autonomía y los sistemas normativos de las comunidades campesinas e indígenas.

Por todo esto, los comités comunitarios y organizaciones de gestión del agua solicitan una audiencia con la presidenta Sheinbaum y piden a los legisladores instalar una mesa técnica para discutir la situación y corregir el texto del dictamen. Insisten en que la reforma debe reconocer la gestión comunitaria y situar a las personas y comunidades en el centro de la política hídrica del país.

Confiados en que la transformación del modelo neoliberal del agua requiere de este reconocimiento, las organizaciones subrayan que su labor es esencial para garantizar el derecho humano al agua en las regiones más marginadas de México. Este reconocimiento, concluyen, no solo beneficiaría a las comunidades, sino también a los municipios, al coadyuvar en el cumplimiento de sus responsabilidades en materia de agua y saneamiento.

Organizaciones firmantes: Comités de gestión comunitaria del agua de Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Oaxaca, Querétaro, Morelos y Veracruz, junto con organizaciones civiles como Red Defensora del Agua de Chiapas, Cántaro Azul, Mujeres en Desarrollo, Fondo para La Paz, entre otras.