Periodistas Unidos. Ciudad de México. 27 de mayo de 2024.- Un grupo de indígenas otomíes residentes en la Ciudad de México ha tomado una postura firme ante la falta de respuesta a sus demandas por parte del gobierno de la CDMX. Desde hace tres años y siete meses, esta comunidad ha ocupado las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en un esfuerzo por reclamar su derecho a una vivienda digna, tal como lo establece el Artículo 4º Constitucional.
En un comunicado dirigido a varias organizaciones y medios de comunicación, incluyendo al EZLN, al Congreso Nacional Indígena (CNI), al Concejo Indígena de Gobierno (CIG) y a su vocera Ma. de Jesús Patricio Martínez, así como a las organizaciones sociales, civiles y políticas, la comunidad otomí denunció el racismo, desprecio y discriminación que han enfrentado durante la administración actual, la Cuarta Transformación.
«A pesar de más de 25 años de lucha y tres años y siete meses de ocupar el INPI, nuestras demandas no han sido resueltas. Hoy decidimos tomar acción y quedarnos dentro de las oficinas de gobierno hasta encontrar una solución a nuestras justas demandas,» declararon los representantes de la comunidad.
Las nueve demandas planteadas por la comunidad el pasado 9 de febrero incluyen el cese de desalojos, represión y hostigamiento, así como la solución inmediata a sus peticiones de vivienda. Además, exigieron la cancelación de las investigaciones penales contra miembros de la comunidad, particularmente contra Diego García, y una audiencia con Martí Batres Guadarrama, Jefe de Gobierno de la CDMX.
Los responsables gubernamentales encargados de las mesas de diálogo con la comunidad son Inti Muñoz, Secretario de Desarrollo Urbano, Erasto Ensástiga, Subsecretario de Gobierno, y representantes del INVI en sus áreas jurídica, técnica y social. Sin embargo, la comunidad denunció que estos diálogos no han producido los resultados esperados, incluso después de concederles el «beneficio de la duda».
«No estamos dispuestos a seguir permitiendo tanto desprecio de este gobierno que se llena la boca hablando de una transformación y una Ciudad de Derechos, cuando en realidad nuestros derechos siguen siendo violentados,» subrayaron en el comunicado.
También hicieron un llamado a los medios de comunicación para que estén atentos a las condiciones dentro de las oficinas del gobierno, donde incluso hay niños de 10, 11 y 3 años de edad presentes como parte de la comisión que ingresó a la reunión con las autoridades.
«No nos vendemos, no claudicamos y no traicionamos,» proclamaron, reafirmando su compromiso con la lucha por sus derechos y en memoria de sus sueños, pesadillas, muertos y desaparecidos que no caben en las urnas electorales.
La comunidad otomí exige una solución inmediata a sus demandas y la inclusión real en las políticas públicas de la ciudad, recordando al gobierno su obligación de atender estas demandas conforme a los convenios internacionales.