Condena Amnistía Internacional uso excesivo de la fuerza en protesta por desabasto de agua en Guadalajara
Periodistas Unidos. Ciudad de México. 12 de octubre de 2026.- La organización multinacional Amnistía Internacional (AI) condenó este lunes 12 de octubre de 2026 los actos de represión policiaca registrados durante una manifestación por el derecho al agua potable celebrada en las inmediaciones de Casa Jalisco, en la ciudad de Guadalajara. El organismo exigió a las autoridades estatales la localización inmediata y presentación con vida de las personas detenidas cuyos paraderos aún resultan inciertos.
La intervención de los cuerpos de seguridad durante las protestas del 11 de octubre incluyó el empleo de gas lacrimógeno y cañones de agua a presión contra los contingentes, dejando como saldo múltiples manifestantes con lesiones físicas. AI denunció violaciones sistemáticas a las garantías individuales, documentando el uso excesivo de la fuerza pública, detenciones arbitrarias y la configuración de posibles desapariciones forzadas tras la aprehensión de los civiles.
Aunque los reportes de la Secretaría de Seguridad del Estado contabilizaron oficialmente 39 arrestos, testimonios recabados por organizaciones civiles locales y personas liberadas estiman que la cifra supera los 50 manifestantes retenidos. La directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Edith Olivares Ferreto, sostuvo que la represión estatal vulnera de forma directa los derechos constitucionales de libre asociación, reunión y expresión en la entidad.
Olivares Ferreto demandó al Poder Ejecutivo de Jalisco y a la Fiscalía General del Estado una investigación exhaustiva y transparente que permita deslindar responsabilidades sobre el operativo y sancionar a los elementos policiales involucrados. La representante advirtió sobre el riesgo de criminalización de las demandas comunitarias relativas a la crisis de desabasto hídrico que aqueja a la Zona Metropolitana de Guadalajara desde hace varios meses.
Amnistía Internacional exhortó a las instancias de gobierno y a los organismos operadores de agua a frenar las imputaciones penales desproporcionadas contra los activistas y restablecer mesas de diálogo directo con las comunidades afectadas para resolver la contingencia del suministro.