Periodistas Unidos. Ciudad de México. 06 de noviembre de 2025.- El Congreso de la República del Perú aprobó este jueves, con 63 votos a favor, 34 en contra y 2 abstenciones, declarar persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en una escalada de la crisis diplomática bilateral desatada por el asilo político concedido a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez. La moción, impulsada por la Comisión de Relaciones Exteriores, acusa a Sheinbaum de «inaceptable injerencia en asuntos internos» y de emitir «declaraciones ofensivas y altisonantes» contra el sistema democrático peruano, al defender al expresidente Pedro Castillo y calificar el Gobierno de Dina Boluarte como una «dictadura disfrazada».
El anuncio, difundido a través de las redes oficiales del Parlamento peruano, se produce apenas días después de que el Gobierno de Perú rompiera relaciones diplomáticas con México el lunes 3 de noviembre, en respuesta al asilo otorgado a Chávez —aliada clave de Castillo durante su fallido autogolpe de diciembre de 2022—. Chávez, quien fue primera ministra por apenas 11 días y estuvo detrás de la cámara que grabó el anuncio de disolución del Congreso por parte de Castillo, solicitó refugio en la Embajada mexicana en Lima ante temores de persecución política. México lo concedió argumentando la Convención de Caracas de 1954, que protege a perseguidos políticos, y la familia de Castillo —ya asilada en la CDMX desde 2023— celebró la medida como un «triunfo de la solidaridad latinoamericana».
La moción, presentada por el congresista José Cueto de Acción Popular, califica las posturas de Sheinbaum como un «castigo a la señora Claudia Sheinbaum, sus declaraciones altisonantes y ofensivas para el Perú y para la constitucionalidad y el respeto a las instituciones». Legisladores peruanos, mayoritariamente de centro-derecha, argumentaron que México ha interferido repetidamente desde el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien en 2023 pausó relaciones por el «golpe blando» contra Castillo. Sheinbaum ha reiterado que el asilo es un «deber humanitario» y que el juicio a Castillo —condenado por rebelión y corrupción— carece de imparcialidad, en un contexto de protestas reprimidas bajo Boluarte que dejaron más de 60 muertos y una popularidad por debajo del 10%.
Desde México, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) calificó la declaración como «desproporcionada y contraria al derecho internacional», reafirmando que el asilo no implica injerencia y que Perú viola principios de no intervención al exigir extradiciones políticas. Sheinbaum, en su conferencia matutina del 4 de noviembre, minimizó el impacto: «No importa, mantenemos nuestra posición. La soberanía se defiende con derechos humanos, no con rupturas». Analistas como Arturo Sarukhán, exembajador mexicano en Washington, ven en esto un aislamiento de Perú en foros regionales como la CELAC y la Alianza del Pacífico, donde México preside en 2028, y un riesgo para el comercio bilateral de 15.000 millones de dólares anuales.
El nuevo presidente interino de Perú, José Jerí —quien asumió el 9 de octubre tras la vacancia de Boluarte por «incapacidad moral permanente»—, enfrenta ahora esta crisis diplomática, que podría complicar su legitimidad en un Congreso fragmentado. Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional respaldan el asilo a Chávez, argumentando que el sistema judicial peruano está «politizado». En redes sociales, el tema genera polarización: en Perú, celebran con «¡A Perú se le respeta!», mientras en México, defensores de Sheinbaum lo ven como un «ataque machista y antidemocrático».
Esta declaración simbólica —que no tiene efectos legales vinculantes, pero prohíbe visitas oficiales de Sheinbaum a Perú— profundiza un abismo diplomático entre dos naciones hermanas, evocando la tradición asilística mexicana que protegió a exiliados como León Trotsky o García Márquez. Mientras el expresidente Castillo, desde prisión, saluda el apoyo de Sheinbaum, la ruptura amenaza con aislar a Perú en un continente donde la solidaridad progresista choca con élites conservadoras. En un noviembre de tensiones globales, desde el T-MEC hasta la COP30, México reafirma su rol como refugio de la izquierda latinoamericana, pero a costa de fricciones diplomáticas que duelen en la memoria compartida.