AP. Tapachula, México. 15 de septiembre de 2021.- Caribe Dorvil se despierta todos los días a las 3 de la mañana para preparar los alimentos que venderá en un pequeño mercado callejero junto con decenas de compatriotas haitianos en esta ciudad del sur de México.
Imposibilitados de conseguir otro trabajo debido a su situación legal, la mujer y otros migrantes haitianos hacen todo lo que pueden para ganarse la vida: venden comida, bebidas sin alcohol y ropa, u ofrecen servicios de peluquería, manicura y sastrería bajo paraguas en el mercado.
Dorvil ha solicitado asilo en México, pero la agencia que procesa esos pedidos está sobrepasada en su capacidad y carece de los recursos para afrontar el aumento exponencial de los pedidos de asilo en años recientes.
Hace un par de años, los migrantes como Dorvil habrían pasado rápidamente por Tapachula, históricamente una parada en una de las rutas principales de migración hacia el norte, pero últimamente se ha convertido en un atolladero burocrático kafkiano sin salida para miles de personas.
Ante semejante situación, cientos de migrantes salieron de Tapachula este mes para tratar de seguir su viaje hacia el norte. Las autoridades mexicanas las detuvieron, a veces con violencia. Según rumores, una nueva caravana intentará partir esta semana.
El expresidente estadounidense Donald Trump amenazó con aplicar aranceles a México si no frenaba el flujo de migrantes hacia su frontera. México envió efectivos de su Guardia Nacional y más agentes de inmigración para tratar de detenerlos en el sur.
Ante las imágenes diarias de choques entre las autoridades mexicanas y los migrantes, muchos de los cuales viajan en familia, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador no ha ocultado su disgusto con la estrategia de contención y ha dicho que es insostenible.
Una mañana reciente, Dorvil preparó fideos con pollo y una pequeña ensalada, que vendió en el mercado por el equivalente de dos dólares. En 10 horas de trabajo gana entre cinco y 10 dólares.
Con ello paga su renta —un apartamento al sur de Tapachula que comparte con otros nueve migrantes— y comida apenas suficiente para seguir con vida.
“Uno no puede trabajar (aquí). No hay papeles, no hay nada, uno no puede hacer nada”, dijo Dorvil. “Uno tiene que vender para pagar el alquiler, para comer. El gobierno no ayuda a nadie”.
Dorvil llegó a México a principios de este año. Como muchos de sus compatriotas vivió en Chile durante varios años, pero se fue cuando la economía se estancó durante la pandemia.
Pensó que estaría mejor en México, pero dice que es peor. Su esposo y sus dos hijos permanecen en Chile, pero están pensando en reunirse con ella en México, razón por la cual no se ha sumado a ninguno de los grupos que tratan de salir de Tapachula.
Dorvil tiene una cita para gestionar su pedido de asilo a mediados de noviembre. El sistema está abrumado de solicitudes y no es inusual que uno deba esperar un año para iniciar el proceso.
El sistema ya estaba abrumado cuando comenzó la pandemia. En lo que va del año, más de 77.000 personas han pedido asilo en México, de los cuales 55.000 están en Tapachula. De éstos, 19.000 son haitianos.
Algunos en el gobierno mexicano han propuesto dar a los haitianos —el segundo grupo de migrantes después de los hondureños— la posibilidad de trabajar fuera del estado de Chiapas, donde se encuentra Tapachula, pero hay una oposición persistente.
El activista Luis Villagrán, del Centro por la Dignidad Humana, dice que habría hasta 100.000 migrantes en Tapachula, casi uno por cada tres residentes de la ciudad.
Incluso los que consiguen algún estatus legal encuentran que no pueden salir de Tapachula.
Otro migrante haitiano, que no quiso decir su nombre por temor a las represalias, mostró una visa humanitaria que le dieron en Tapachula. Con ella viajó hacia el norte hasta el estado de Tamaulipas, fronterizo con Texas, pero allí lo detuvo un agente de inmigración mexicano, le dijo que no era válida y lo envió de vuelta a Tapachula.
“Yo tengo (esta visa) de un año y ellos me devolvieron para acá, no sé por qué”, dijo durante una manifestación reciente para reclamar que se diera libertad de movimiento a los migrantes.
Enrique Vidal, coordinador del Centro Fray Matías de Córdoba por los Derechos Humanos en Tapachula, dijo que la política de contención y la militarización de esa política han provocado el colapso del sistema.
“Hemos visto en los últimos días estas movilizaciones masivas (caravanas) tratando de salir de Tapachula”, dijo. “Son personas que todas han iniciado algún procedimiento ante las autoridades mexicanas y son las autoridades mexicanas las que han incumplido en garantizar un acceso respetuoso y oportuno y accesible para las personas”.