Periodistas Unidos. Ciudad de México. 24 de junio de 2022.- No es por alarmar a nadie, pero el pasado martes, en Jacona, Michoacán, un tipejo disparó contra quienes trabajaban en un taller mecánico y asesinó a dos personas. A continuación hizo fuego contra los ocupantes de un coche, que les robó, después de matar a dos de ellos y dejar a otro herido. El criminal huyó a Zamora y ahí hirió a dos personas y mató a otra; luego fue a una florería para ejecutar a un empleado y se dirigió a una forrajera para cometer otros dos homicidios.
El lunes de esta misma semana, en Chihuahua, una banda entró en un templo de Cerocahui, población cerca a Creel, cuando iba tras de un guía de turistas, al que liquidó en la iglesia. Como intervinieron dos sacerdotes jesuitas, también resultaron asesinados.
Hace unos días, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, grupos de facinerosos, con armas de alto poder, durante horas mantuvieron en vilo a la ciudad y sus habitantes.
Para las autoridades de Estados Unidos, 35% del territorio mexicano está controlado por las mafias, lo que aquí fue desmentido, pues la superficie total donde mandan los criminales abarca la mitad del territorio y 49% de los homicidios se cometen en seis entidades, que son Michoacán, Sonora, Baja California, el Estado de México, Jalisco y Guanajuato.
Como puede verse, de los gobiernos de tales entidades pertenecen a Morena los tres primeros; al PRI, el mandatario del Estado de México; Jalisco, a Movimiento Ciudadano, y Guanajuato, al PAN. De modo que ninguna formación política puede jactarse de tener controlados sus territorios, pues en todos ellos impera la violencia criminal. Pero no son las únicas entidades con problemas.
En el resto de los estados, la baja criminalidad (relativa, por supuesto) la atribuye la Presidencia de la República a que en ellos hay un solo grupo dominante y no se presencian enfrentamientos entre bandas, mientras que, por ejemplo, la conflictividad que existe en Michoacán se debe, dijo AMLO, a que hay 10 mafias que se disputan el territorio. La semana pasada, en Manzanillo, Colima, un grupo de criminales se apoderó de un depósito de contenedores durante 10 horas y finalmente se llevó 14 de ellos. Por supuesto, un ladrón hábil puede robar varias carteras en el curso de una noche, pero es difícil que 14 contenedores sean sustraídos en el mismo lapso sin que se enteren la Policía municipal, la estatal, la Guardia Nacional o la Marina, a la que se encargó la seguridad de ése y otros puertos (el comandante del destacamento de la Armada declaró que el robo ocurrió fuera de la zona que le toca vigilar, lo que no parece una buena excusa).
En el estado de Puebla, un abogado de los parlamentarios del PAN fue linchado por los pobladores, quienes —dicen— creyeron que el visitante iba a robar niños. Por supuesto, las autoridades no intervinieron, basadas, quizás, en que, con motivo de otro linchamiento, dijo el presidente López Obrador que “con las tradiciones de un pueblo, con sus creencias, vale más no meterse”, porque esos actos criminales forman parte de la “cultura y las creencias de los pueblos originarios que representan al México que no termina de irse”.
La semana pasada, en una escuela de El Salitre, Querétaro, dos niños bañaron a otro con gasolina y le prendieron fuego. Poco antes, en el Triángulo de Oro, el convoy de cuatro camionetas con periodistas que cubrían una gira presidencial fue detenido en un retén de los narcos. En numerosos caminos de Guerrero es común toparse con retenes de los criminales, quienes, además, venden protección a los comerciantes.
La criminalidad está desatada desde hace cuatro o más sexenios, pero corresponde al presente resolver los problemas heredados. De nada sirve mostrar que bajó la incidencia de uno u otro delito si el país vive agobiado por el crimen, cuando en tres años y medio ya se rebasó el número de asesinatos de todo el sexenio de Felipe Calderón, en tiempos en que, ante la violencia, se ofrecen abrazos, no balazos, y cuando de cada 100 delitos sólo se inicia la investigación de 11 y alcanza sentencia de juez menos de dos por ciento del total.
Lo evidente es que se carece de un plan para enfrentar a la delincuencia o, si existe alguno, simplemente no funciona. ¿Seguiremos en lo mismo?