Periodistas Unidos. Ciudad de México. 10 de abril de 2026.- Organizaciones de derechos humanos, acompañantes de comunidades indígenas y el propio defensor Sergio Daniel Oceransky, director de la Fundación Yansa, realizaron una rueda de prensa, en Guadalajara, Jalisco, para visibilizar su caso de presunta criminalización. Aunque fue puesto en libertad tras una detención arbitraria el 6 de abril en Tonalá, Jalisco, el proceso penal en su contra continúa, con una audiencia clave programada para este domingo.
El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) convocó el evento para denunciar el uso indebido del sistema penal contra defensores del territorio. María González Valencia, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, abrió el acto destacando que la defensa ambiental y territorial es una de las actividades de mayor riesgo en América Latina. México ocupa los primeros lugares en agresiones a estos defensores; solo en 2025, según datos citados, fueron asesinados 40 en el país, con Jalisco a la cabeza (10 casos), seguido de Guerrero (9), Oaxaca y Michoacán (5 cada uno).
“Sergio no está solo. Estamos contigo y vigilantes a tu proceso de criminalización”, expresó González Valencia, quien reprobó la campaña de difamación y el uso del aparato judicial como herramienta de opresión contra la labor de Oceransky y las comunidades mayas en Yucatán.
Apoyo internacional y nacional
Leonardo Kripa, abogado senior del Indian Law Resource Center (Washington D.C.), recordó su colaboración con Oceransky desde 2012 en el caso del proyecto eólico Mareñas Renovables en Oaxaca, donde se defendieron siete comunidades indígenas con éxito ante el Banco Interamericano de Desarrollo. “Hemos sido testigos de su compromiso y estrategia legal para proteger derechos indígenas”, afirmó, y expresó preocupación por la situación actual.
Mayra Olivo, coordinadora de Tierra y Territorio de Fundar, subrayó que criminalizar a defensores como Oceransky no solo es injusto, sino peligroso: “Significa castigar a quienes defienden derechos fundamentales como el acceso al territorio y la autodeterminación de comunidades mayas que enfrentan despojo y discriminación estructural”.
El relato de Oceransky: detención arbitraria y irregularidades
Oceransky contextualizó los hechos en su acompañamiento legal, técnico y organizativo a comunidades mayas en Yucatán desde 2009, intensificado desde 2017. Este trabajo ha logrado detener megaproyectos energéticos ilegales mediante procesos asamblearios y acciones judiciales, lo que generó, según él, una campaña de amenazas y desprestigio, especialmente tras la suspensión de un proyecto de alto perfil en 2025.
Ante amenazas de ser “metido bajo rejas”, promovió un amparo preventivo. El Juzgado Quinto de Distrito en Yucatán otorgó una suspensión que impedía ejecutar la orden de aprehensión dictada en Jalisco por presunta extorsión. Aun así, el 6 de abril, al presentarse voluntariamente en el Juzgado de Control 11 en Tonalá para cumplir con el citatorio, fue detenido de forma agresiva por policías de investigación fuera del edificio, pese a portar la orden de suspensión.
“Me esposaron, me incomunicaron y perdí contacto con todos”, relató. Gracias a la rápida movilización de organizaciones nacionales e internacionales, se realizó la audiencia el mismo día. El Ministerio Público cambió la imputación de extorsión a amenazas (delito sin prisión preventiva oficiosa), por lo que quedó en libertad con medidas cautelares: no salir de Jalisco durante 144 horas, firmar diariamente y, agregadas por el juez, restricciones para hablar del caso (consideradas por la defensa como una “mordaza”).
Oceransky denunció graves irregularidades: la carpeta de investigación se basa en declaraciones de tres empleados de una empresa afectada por un proyecto suspendido, que mencionan un número telefónico que no es suyo, sin sábanas de llamadas ni otras pruebas. La orden de aprehensión se sustentó en notificaciones en un domicilio inexistente en Zapopan, donde nunca ha vivido ni trabajado. “Esto evidencia mala fe y violación de garantías procesales. No se trata de justicia, sino de acallar mi labor”, afirmó.
También mencionó la activación de otro proceso en Yucatán, ligado a hechos de 2022, que ve como parte del mismo patrón de hostigamiento.
Denuncias contra instituciones y exigencias
Alejandra Poot Maza, de la Fundación Yansa, relató las dificultades para presentar una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) durante la detención: trato discriminatorio por su acento yucateco, dilaciones, negativas a activar visitas inmediatas y omisiones en medidas de protección, pese al mandato constitucional del organismo.
Denise Montiel Flores, de CEPAD, resumió las exigencias principales:
- Cese inmediato del acoso y criminalización contra Oceransky, el equipo de Yansa y defensores del territorio maya.
- Desistimiento de la acción penal en Jalisco y no continuación del proceso en Yucatán.
- Protección efectiva vía el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos (incluyendo a todo el equipo de la Fundación).
- Investigación de la detención arbitraria y del actuar de la Policía Investigadora y el Juzgado de Control.
- Al CEDHJ: investigación exhaustiva por omisiones y trato revictimizante, información inmediata sobre la queja presentada y observación en la audiencia del domingo.
- Al Poder Judicial de Jalisco: no vinculación a proceso por falta de pruebas y respeto al debido proceso.
- Llamado al Estado mexicano para cumplir con el Acuerdo de Escazú y adoptar políticas integrales de protección a defensores.
Organizaciones enviaron comunicaciones a relatorías de la ONU, incluyendo el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias y la Relatora sobre Defensores de Derechos Humanos, solicitando pronunciamientos.
Audiencia decisiva
La rueda de prensa concluyó con una invitación abierta a medios, organizaciones y sociedad civil a acompañar la audiencia del domingo 12 de abril a las 6:00 o 10:00 horas en el Juzgado de Control 11 en Puente Grande, Tonalá, Jalisco, donde se definirá si se vincula o no a Oceransky a proceso.
“Defender el medio ambiente y el territorio no es delito”, reiteraron los participantes. El caso de Oceransky, según las organizaciones, ejemplifica el uso de SLAPP (litigios estratégicos contra la participación pública) y la macrocriminalidad que une intereses empresariales, políticos y estatales en contextos de despojo territorial, en un país donde la defensa ambiental es de alto riesgo.
Las organizaciones advirtieron que, aunque Oceransky está en libertad, las agresiones continúan y exigen una respuesta institucional que garantice su integridad, la de su equipo y las comunidades mayas que acompaña.