Denuncian activistas invalidez de identidad de género en la audiencia tras detención del imputado por el caso Paola Buenrostro
Periodistas Unidos. Ciudad de México. 02 de septiembre de 2026.- Activistas y defensoras de derechos humanos denunciaron graves omisiones y transfobia institucional durante la audiencia inicial contra Arturo «N», señalado como el probable responsable del asesinato de Paola Buenrostro, trabajadora sexual trans ultimada en septiembre de 2016 en la Ciudad de México. La aprehensión del imputado, ocurrida el lunes 31 de agosto de 2026 en el Estado de México tras permanecer prófugo casi una década, derivó en reclamos sociales debido a que el Ministerio Público procesó el expediente como homicidio calificado y utilizó la identidad del registro civil asignada al nacer para referirse a la víctima y a las testigos.
Kenya Cuevas, activista y fundadora de la organización Casa de las Muñecas Tiresias, encabezó las protestas tras la imputación en la que el juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva. Cuevas señaló ante medios de comunicación que el personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México incumplió los protocolos de atención a la comunidad LGBTTTIQ+ al nombrar a Paola Buenrostro y a las testigos trabajadoras sexuales con identidades masculinas anteriores, desestimando la tipificación de feminicidio que ya se encontraba vigente en el código penal al momento de los hechos.
En respuesta a las movilizaciones registradas a las afueras de sus instalaciones, la Fiscalía capitalina emitió un comunicado oficial en el que rechazó incurrir en prácticas transfóbicas institucionales. La dependencia argumentó que el procedimiento fue iniciado bajo el tipo penal de homicidio calificado debido a que la orden de aprehensión judicial fue librada en 2016, época en la que aún no se había promulgado la Ley Paola Buenrostro que tipifica de forma específica el delito de transfeminicidio en la entidad.
La institución procuradora de justicia puntualizó que la acreditación de la razón de género dependerá de los elementos de prueba aportados durante la fase de investigación complementaria, abriendo la posibilidad de reclasificar la imputación previa al juicio oral. No obstante, agrupaciones civiles informaron que mantendrán las acciones de protesta y presencia comunitaria de cara a la continuación de la audiencia vinculatoria fijada para el próximo viernes.
El caso representa un hito dentro de la lucha contra los crímenes de odio en la capital del país, al haber motivado en 2019 una recomendación histórica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México por violaciones a las garantías fundamentales y, posteriormente en 2024, la aprobación de reformas legislativas para sancionar la violencia feminicida contra las mujeres trans.