Denuncian ante la FGR a autoridades de Jalisco por tortura y detenciones arbitrarias tras marcha del agua en Guadalajara
Periodistas Unidos. Ciudad de México. 15 de octubre de 2026.- La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA) formalizó este jueves 15 de octubre de 2026 una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México, señalando la presunta comisión de delitos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como abusos de autoridad cometidos por mandos y efectivos policiales durante la manifestación por la crisis del agua en Guadalajara, Jalisco.
El recurso legal, firmado por Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, presidente de la CIDHPDA para América Latina y el Caribe, demanda a la representación social federal investigar a fondo la actuación de los servidores públicos estatales tras el arresto de 39 ciudadanos. El escrito abarca las tipificaciones penales de ejercicio ilícito del servicio público, coalición de servidores públicos y omisión de deberes, solicitando el deslinde de responsabilidades individuales y la garantía de atención médica e integridad para las víctimas.
Adicionalmente, la denuncia penal interpuesta ante el Ministerio Público de la Federación requiere la apertura de una línea de investigación especializada sobre el destino y la fiscalización de los recursos públicos asignados a la infraestructura hidráulica, saneamiento y potabilización en la Zona Metropolitana de Guadalajara. La CIDHPDA exhortó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y al organismo local a intervenir con eficacia para evitar la impunidad.
La acción jurídica se da como respuesta al operativo desplegado el pasado domingo 11 de octubre frente a Casa Jalisco, donde cerca de 10 mil manifestantes fueron replegados con gases lacrimógenos y cañones de agua. Si bien el gobernador Pablo Lemus Navarro atribuyó inicialmente los enfrentamientos a la presencia de un «grupo de choque», posteriormente admitió la existencia de «graves deficiencias» y uso excesivo de la fuerza pública durante las detenciones.
Desde el pasado mes de marzo, organizaciones civiles han documentado que al menos 320 colonias tapatías reciben suministro hídrico contaminado con residuos fecales, metales pesados y falta de cloración. La intervención de la FGR busca esclarecer la cadena de mando en la represión policial y vigilar el cumplimiento de las garantías constitucionales en el fuero federal.