Periodistas Unidos. Ciudad de México. 26 de septiembre de 2026.- Colectivos estudiantiles y organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron la detención arbitraria y presuntos actos de tortura cometidos en contra de Rafael «Musul», estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Los hechos ocurrieron la tarde del viernes 25 de septiembre de 2026 en la Ciudad de México, a pocas horas de que se lleve a cabo la marcha conmemorativa por los 12 años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
De acuerdo con los testimonios difundidos por las agrupaciones civiles, el alumno universitario fue interceptado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) alrededor de las 17:00 horas. Las organizaciones denunciaron que durante el arresto el joven fue víctima de golpes, hacinamiento e intimidaciones con amenazas de muerte antes de ser puesto a disposición de la Fiscalía Territorial Cuauhtémoc 2 (CUH-2).
Ante esta situación, diversos colectivos hicieron un llamado urgente a la sociedad civil organizada y a medios de comunicación para exigir la liberación inmediata e incondicional del estudiante. Asimismo, convocaron a la realización de un mitin de protesta a las 10:00 horas del sábado 26 de septiembre frente a las instalaciones del Ministerio Público en la alcaldía Cuauhtémoc, solicitando además el inicio de una investigación penal y administrativa contra los mandos y policías remitentes.
Las agrupaciones activistas señalaron que esta acción no constituye un hecho aislado, sino una medida de intimidación gubernamental dirigida a inhibir la participación estudiantil en las jornadas de protesta vinculadas al caso Ayotzinapa. Responsabilizaron directamente a la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, y al Secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, por la integridad física y psicológica del detenido.
En los pronunciamientos emitidos se acusó a la administración encabezada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, de instrumentar la fabricación de delitos como mecanismo de contención política frente a la solidaridad social con los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala. Los denunciantes demandaron la intervención de las comisiones de derechos humanos para verificar el estado de salud del estudiante e iniciar las quejas correspondientes.
Hasta el momento, las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia capitalina no han emitido una postura oficial para esclarecer la causa legal del arresto ni el estatus jurídico del joven universitario. Se prevé que la concentración frente a la representación social se desarrolle de forma paralela a los preparativos de la marcha nacional convocada del Ángel de la Independencia al Zócalo.