Denuncian expertos de la ONU esquema de externalización migratoria de Estados Unidos hacia 35 países
Periodistas Unidos. Ciudad de México. 28 de septiembre de 2026.- Expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas denunciaron este lunes 28 de septiembre de 2026 desde Ginebra, Suiza, la existencia de una red de externalización migratoria promovida por Estados Unidos con al menos 35 Estados, mediante la cual se ha expulsado a más de 23,000 personas hacia terceros países. Según el informe conjunto, esta política vulnera los tratados internacionales al exponer a miles de migrantes a riesgos sistemáticos de tortura, persecución y graves violaciones a las libertades fundamentales.
Un grupo de 23 relatores especiales de la ONU, encabezados por el especialista en derechos humanos de los migrantes Gehad Madi, advirtió que los convenios bilaterales suscritos para recibir vuelos de deportados quebrantan el principio de no devolución. Los firmantes señalaron que la opacidad institucional en torno a la firma de estos acuerdos ha impedido la supervisión democrática y la verificación independiente por parte de organismos de la sociedad civil y defensores de derechos humanos.
Entre los países señalados por formar parte de este mecanismo de recepción y tránsito se encuentran diversas naciones de América Latina, incluyendo a México, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y Paraguay. El grupo de relatores instó a los gobiernos involucrados a suspender de inmediato los acuerdos de cooperación con Washington y garantizar el acceso formal a procedimientos de asilo oportunos y transparentes.
Las denuncias técnicas detallan que varios de los convenios contemplan esquemas de recepción temporal seguidos de segundas expulsiones, donde las personas deportadas enfrentan coacciones para aceptar el retorno voluntario a sus países de origen, aun cuando persistan amenazas directas contra su vida o integridad física. La red de traslados se ha intensificado tras las medidas adoptadas por la administración del presidente Donald Trump para acelerar las devoluciones masivas desde su retorno a la Casa Blanca en enero de 2025.
Paralelamente, el Gobierno de Estados Unidos solicitó a la Corte Suprema de ese país revertir el fallo dictado por el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, el cual ratificó la sentencia de un juez federal de Boston que prohíbe las deportaciones expedita hacia terceras naciones. La controversia jurídica internacional se mantiene en desarrollo a la espera de la resolución del máximo tribunal estadounidense sobre la legalidad de los traslados extraterritoriales.
Los relatores de Naciones Unidas enfatizaron que los Estados receptores asumen responsabilidad internacional al cooperar en el traslado de personas vulnerables sin verificar las garantías individuales de protección. Las organizaciones continuarán monitoreando los flujos aéreos de repatriación en los aeropuertos de la región para documentar posibles desacatos a las medidas cautelares internacionales.