Denuncian parálisis reglamentaria en la Ley de Minería a tres años de su reforma
Periodistas Unidos. Ciudad de México. 11 de mayo de 2026.- A tres años de la reforma integral al marco legal minero, la colectiva Cambiémosla Ya! denunció que la Secretaría de Economía y la SEMARNAT mantienen bloqueada la expedición de los reglamentos necesarios para su plena aplicación. A pesar de que la ley de mayo de 2023 representó un avance en la protección de comunidades, trabajadores y el medio ambiente, la falta de normativa secundaria —que debió publicarse desde octubre de 2023— impide que las autoridades cancelen concesiones incluso ante casos de muerte de trabajadores, vínculos con el crimen organizado y desastres ecológicos irreversibles. La organización alerta que esta omisión legislativa permite que la industria minera continúe vulnerando derechos sistemáticamente.
La falta de reglamentación ha dejado en la indefinición los procedimientos para sancionar siniestros que siguen costando vidas. Entre los casos citados destacan el derrumbe en la mina Santa Fe (Sinaloa) en marzo pasado, donde murieron dos mineros, y las fatalidades registradas en Buenavista del Cobre (Sonora) y Media Luna (Guerrero). A pesar de que la reforma de 2023 estipula la cancelación de concesiones por riesgos de desequilibrio ecológico o accidentes graves, empresas como Grupo México continúan operando sin haber remediado desastres históricos como el derrame de tóxicos en los ríos Sonora y Bacanuchi desde 2014.
Asimismo, la colectiva e investigadores del T-MEC han documentado nexos alarmantes entre empresas mineras y grupos criminales para amedrentar a sindicatos. Un caso relevante es el de la mina Camino Rojo en Zacatecas, propiedad de Orla Mining, donde el Departamento del Trabajo de EE. UU. corroboró la contratación de sicarios para interrumpir reuniones sindicales. No obstante, las secretarías de Economía y del Trabajo en México han calificado estas evidencias como «insuficientes» para proceder legalmente. Esta opacidad se extiende a las negociaciones del Plan de Acción sobre Minerales Críticos con Estados Unidos, un acuerdo impulsado por Marcelo Ebrard que podría debilitar los estándares regulatorios para facilitar la explotación de recursos estratégicos.
Cambiémosla Ya!, que agrupa a pueblos afectados, académicos de la UNAM y la UAM, y organizaciones como el CEMDA y Fundar, exige transparencia inmediata sobre el estatus de los reglamentos detenidos y los detalles del acuerdo comercial con EE. UU. Advierten que priorizar el suministro de minerales críticos para el mercado extranjero sin un marco regulatorio sólido abre nuevamente las puertas al despojo y la destrucción de ecosistemas. La defensa del territorio, sostienen, es imposible mientras el Ejecutivo Federal mantenga en el limbo jurídico las herramientas que permitirían castigar los abusos de una industria que históricamente ha operado por encima de la ley.