Derechos humanos en México, signatura pendiente para el país más violento del mundo por delitos de misoginia
Foto: Alejandro Meléndez
Por Mónica Gameros
Periodistas Unidos. Ciudad de México. 07 de marzo de 2019.- México presenta el mayor número de asesinatos en contra de activistas y defensores sociales y ambientales. Es el país más peligroso para ser periodista. Es el país de mayor riesgo para la población femenina sólo por su condición de género con el primer lugar mundial en violencia sexual en contra de menores de edad y el primer lugar en feminicidios.
Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) nuestro país es el primer lugar en número de asesinatos.
En los últimos 12 años, 211 mil 774 personas han sido asesinadas en México y 69, 107 personas fueron víctimas de secuestros. Hubo un registro de 31.1 millones de delitos, con 24.2 millones de víctimas en edades de 18 años y más.
El INEGI informó que en su encuesta de 2016 y 2017 para medir la Percepción de victimización y percepción sobre seguridad pública, se registró desconfianza e incredibilidad social sobre cuerpos de seguridad.
Aunque no hay registros coincidentes de cifras oficiales y extraoficiales sobre el feminicidio y la violencia de género, el tema del manejo austero del erario con fines de desarrollo y protección social afecta directamente a la mitad de la población mexicana y pone en riesgo la integridad de menores de edad de ambos géneros.
El aumento del feminicidio en contra de mujeres secuestradas en vía pública, da una sensación de mayor violencia social en la medida en que recibe cobertura mediática que busca explotar el tema con un manejo morboso y discriminatorio. La impunidad es uno de los factores que determinan la multiplicación exponencial del feminicidio en México. En 2016, sólo un 10% de los casos judiciales lograron la detención del culpable del feminicidio.
Mientras las organizaciones civiles pugnan por la declaración de alertas de género, las cifras muestran, a criterio de Amnistía Internacional, que estos mecanismos no han dado resultados y que el feminicidio es una práctica sistemática en los diferentes tipos de violaciones a los derechos humanos cometidos también por represión y abuso de poder.
Las cifras muestran resultados impactantes para el género masculino si se comparan los registros de hombres muertos con los registros de mujeres muertas (4 a 1), al igual que pasa en las cifras por asesinato de activistas, defensores de derechos humanos o ambientales (48) y asesinatos de periodistas (no se tiene el registro real pero las cifras extraoficiales hablan de más de 300 desde el año 2000).
Tal vez, el fin del sexenio anterior, el cambio del orden del poder político y los delitos de corrupción en los últimos tratados internacionales de comercio y explotación de recursos naturales, fueron factores detonantes, para el aumento de las violaciones a derechos humanos como el derecho a la vida, a la libertad de asociación, a la diversidad cultural, a la protección del medio ambiente y a la libertad de prensa.
En la mayoría de los casos, persiste la impunidad en casos de violencia de género con todos los delitos sexuales utilizados en la práctica del abuso de poder, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, la tortura y el maltrato, según registros del Informe de los derechos humanos en México presentado por Amnistía Internacional en 2018.
La violación de los derechos humanos en México se debe sobre todo a la falta de denuncias por la desconfianza que existe hacia los cuerpos de seguridad y las agrupaciones militares y de seguridad pública, así como la falta de confianza en ministerios públicos y en el sistema de impartición de la justicia que no garantizan la protección a la ciudadanía.
El costo total de la inseguridad social representa el 1.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) es decir 229 mil millones de pesos, según datos del INEGI con cifras registradas en 2016 y 2017. De cada 100 mil habitantes, 37 mil han sido víctimas de algún delito.
El propósito de pacificación nacional no puede incluir la impunidad en la violación de derechos humanos como los ataques y homicidios en contra de periodistas, activistas ambientalistas y de derechos humanos, así como familiares de personas desaparecidas.
No perseguir este tipo de delitos significa mantener un sistema de gobierno en el que persistirá la impunidad por violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional, así como delitos de odio misógino.
Más aún, de persistir la misoginia y el feminicidio impunes, México no podrá cumplir el 5º de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU que busca en la equidad y la protección de los derechos humanos de las mujeres una parte importante de la sostenibilidad gubernamental del país ya que la violación a los derechos humanos de las mujeres contribuye a la pobreza de las naciones en vías de desarrollo.
Los ajustes del aparato de gobierno desde su estructura, requiere que se implementen acciones que protejan los derechos humanos de la gente que vive en México sin importar su edad, condición social y económica, raza, sexo o credo social e incluso su nacionalidad, ya que tenemos delitos de violación a los derechos humanos y genocidio en contra de migrantes en territorio nacional.