Detecta Gobierno mexicano actividades posteriores en más de 40 mil registros de personas desaparecidas e incorpora expertos en inteligencia artificial
Periodistas Unidos. Ciudad de México. 29 de agosto de 2026.- El Gobierno de México informó este sábado 29 de agosto de 2026 sobre la identificación de 40 mil 628 personas registradas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) que presentan trámites administrativos o movimientos posteriores a la fecha reportada de su desaparición. La Secretaría de Gobernación (Segob) precisó que la presencia de registros de actividad no equivale de forma directa a una localización confirmada, por lo que cada expediente se someterá a procesos de verificación.
La revisión se lleva a cabo mediante la Plataforma Única de Identidad, mecanismo creado a partir de las reformas legales vigentes desde julio de 2025. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, anunció la incorporación de diez especialistas nacionales e internacionales en áreas de análisis de datos, estadística, matemáticas, programación e inteligencia artificial para auditar técnicamente las bases del registro y optimizar los modelos de búsqueda.
De acuerdo con las cifras presentadas por la titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez, en los últimos dos meses las autoridades federales y locales reportaron la localización de 3 mil 039 personas mediante esquemas de búsqueda generalizada. Asimismo, la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI) registró 2 mil 572 localizaciones en los últimos seis meses, mientras que las brigadas de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) hallaron con vida a 1,075 personas, correspondiendo el 86 % de estos casos a ausencias voluntarias.
La estrategia federal contempla diez medidas prioritarias para atender el rezago forense y la crisis de desapariciones en el país, entre las que destacan la apertura obligatoria de carpetas de investigación por reporte, la ejecución del Plan Nacional de Identificación Humana en conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías locales, así como mesas de trabajo regionales con colectivos y familiares de víctimas para el cotejo de perfiles genéticos.