Periodistas Unidos. Ciudad de México. 03 de diciembre de 2025.- En un trámite exprés marcado por bloqueos de agricultores y presiones empresariales, la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados aprobó esta mañana el dictamen de la nueva Ley General de Aguas y reformas a la Ley de Aguas Nacionales (LAN), con 28 votos a favor (de Morena y aliados), 9 en contra y 3 abstenciones. El proyecto pasa ahora al Pleno para su discusión inmediata, ante la amenaza de un cerco campesino de 48 horas al recinto legislativo.
Organizaciones ambientalistas como la Colectiva Cambiemosla Ya, la Alianza Mexicana Contra el Fracking, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) y Espacio DESCA reiteraron sus demandas para que la reforma blinde el derecho humano al agua, priorizando comunidades y ecosistemas sobre industrias extractivas. «La aprobación en comisiones no resuelve nuestras alertas: urge regular estrictamente el acaparamiento y contaminación por minería y fracking, no ceder a lobbies que diluyen prohibiciones clave», declararon en un comunicado conjunto emitido horas después de la votación.
La iniciativa presidencial, enviada el 9 de octubre y modificada con alrededor de 50 cambios tras foros y mesas con agricultores, busca actualizar el marco legal de 1992 para combatir corrupción, especulación y acaparamiento de concesiones. Entre los ejes aprobados: recuperar la rectoría estatal, prohibir transferencias de derechos de agua como mercancía (artículo 22) y garantizar el uso prioritario para consumo humano y saneamiento, especialmente en zonas de estrés hídrico.
La presidenta Claudia Sheinbaum defendió en su conferencia mañanera que la reforma «pone orden para evitar la corrupción y el acaparamiento, garantizando agua para todos» y enfatizó que no habrá cobros por captación de lluvia ni afectaciones al binomio agua-tierra para pequeños productores. Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, celebró los ajustes como respuesta a demandas campesinas, aunque legisladores de oposición (PAN, PRI y un petista) denunciaron «centralismo excesivo» y «fast track» que ignora impactos en el agro.
Sin embargo, el dictamen mantiene tensiones: productores bloquearon autopistas y avanzaron en caravanas de tractores hacia la CDMX, temiendo expropiaciones de concesiones y mayor burocracia en distritos de riego. «No estamos contra la reforma, sino contra el centralismo que amenaza nuestro patrimonio», protestaron desde temprano, rodeando la Cámara con unos 200 tractores.
Alertas ambientales: ¿regresión en prohibiciones a descargas mineras?
Colectivos ambientalistas ven en la aprobación un «avance parcial» para frenar el acaparamiento, pero alertan sobre riesgos de regresión en el artículo 118 de la LAN, que prohíbe descargas de aguas residuales mineras –aun tratadas– en cuerpos de agua. Este candado, reforzado en la reforma minera de mayo de 2023 (que veta concesiones de Conagua para residuos en ríos o lagos), podría diluirse ante presiones del lobby minero.
El caso del derrame en Sonora y Bacanuchi (2014), aún sin remediación plena tras 11 años, simboliza los peligros: 40 mil millones de litros tóxicos contaminaron agua y tierras, con la mina Buenavista del Cobre operando impunemente. Sheinbaum admitió que «eso debe revisarse» para evitar más daños, pero la NOM-001-Semarnat-2021 sigue insuficiente, ignorando dilución, bioacumulación de metales y vigilancia regional. «Legisladores deben rechazar chantajes de una industria que saquea minerales y deja pobreza y violencia», exigen las organizaciones.
La reforma también es una «oportunidad perdida» para regular la extracción masiva de arena, grava y balastro de ríos por constructoras, que alteran cauces y afectan biodiversidad.
Fracking en la sombra: omisión deliberada pese a planes de Pemex
Otro vacío crítico persiste: la falta de prohibición explícita al uso de agua en fracking, pese a su consumo voraz (9-29 millones de litros por pozo, contaminados irreversiblemente) y riesgos probados de filtraciones a acuíferos. El Plan Estratégico de Pemex (agosto de 2025) prevé expandir esta técnica en yacimientos no convencionales para elevar la producción de gas fósil, ignorando demandas ciudadanas de foros.
Aunque un paquete de reformas del 19 de noviembre propone vetarlo vía artículo 27 constitucional y cambios a la LAN, los colectivos urgen su integración inmediata al dictamen. «No podemos omitir esta amenaza a la seguridad hídrica humana por metas fósiles que endeudan el clima y la salud de generaciones futuras».
Llamado urgente ante el Pleno: no ceder a presiones empresariales
Con el debate en el Pleno programado para esta misma semana –posiblemente hoy, si la Junta de Coordinación Política lo agenda–, las organizaciones convocan a legisladores a fortalecer la vigilancia y priorizar abasto comunitario. «El agua no es mercancía para unos pocos; evitemos que industrias tóxicas sigan acaparando y contaminando en detrimento de la población y el ambiente».
Hasta el cierre de esta nota, Conagua y Semarnat no han emitido respuestas específicas a las críticas ambientales. El agua, en el centro de protestas campesinas y presiones extractivas, definirá si México opta por justicia hídrica o perpetúa desigualdades históricas. El Pleno será el próximo campo de batalla.