EEUU busca acabar con límites a detención de niños migrantes
Foto: Carolyn Kaster / AP
Por Colleen Long y Amy Taxin
Periodistas Unidos. Ciudad de México. 21 de agosto de 2019.- El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) intenta poner fin a un acuerdo judicial federal de larga data que limita el tiempo que los menores inmigrantes pueden permanecer detenidos, una decisión que casi seguramente desencadenará una nueva pelea en los tribunales por la capacidad del gobierno para retener familias hasta que se decidan sus casos.
El llamado Acuerdo Flores requiere que el gobierno mantenga a los menores de edad en un entorno lo menos restrictivo posible y que los libere tan pronto sea posible, generalmente después de 20 días de detención. Debido a estas restricciones, las familias migrantes que llegan a Estados Unidos han quedado en libertad en suelo norteamericano mientras sus solicitudes de asilo avanzan en los tribunales.
Poner fin al llamado Acuerdo Flores es una prioridad para el gobierno de Trump. Los funcionarios de Seguridad Nacional alegan que están adoptando regulaciones que reflejan el acuerdo y que ya no hay necesidad de que los tribunales se involucren, ya que sólo se pretendía que fuera temporal.
La medida es la más reciente del gobierno federal para restringir la inmigración, el tema más destacado en la agenda política del presidente Donald Trump. Su objetivo restringir el movimiento de los solicitantes de asilo en el país y disuadir a más migrantes de cruzar la frontera.
Seguramente volverá a generar indignación internacional, a raíz de los informes de condiciones extremas en que viven los migrantes en los centros de detención. Está en duda si los tribunales permitirán que el gobierno de Trump siga adelante con la política.
Defensores de los inmigrantes deploraron la medida y dijeron que la detención prolongada sería traumática para los niños.
“El gobierno no debería encarcelar niños y por cierto que no debería tratar de prolongar el encarcelamiento de los niños”, dijo en un comunicado el asesor de la Unión Americana de Libertades Civiles Madhuri Grewal.
Peter Schey, un abogado que representa a niños inmigrantes en el caso Flores y presidente del Center for Human Rights and Constitutional Law (Centro de Derechos Humanos y Derecho Constitucional), dijo que si las nuevas regulaciones no coinciden con el acuerdo, «estarían en violación material inmediata, o incluso en desacato a la corte».
«Creo que todas estas cosas son ahora parte de la campaña hacia las elecciones de 2020», agregó Schey.
Los funcionarios dijeron que están creando un conjunto de normas más estrictas para regular los centros de detención familiar, que serán inspeccionados regularmente, y que las auditorías se harán públicas. No obstante, las reglas permitirían al gobierno mantener a las familias detenidas hasta que sus casos de inmigración se hayan completado, lo que podría durar mucho más de 20 días.
Los funcionarios del DHS hablaron con los reporteros bajo la condición de que no se les identificara porque las discusiones no se han hecho públicas, aunque podrían conocerse oficialmente este mismo viernes. Las nuevas reglas entrarían en vigor en 60 días si no hay impugnaciones legales.
El Acuerdo Flores entró en vigor en 1997, pero se aplicó principalmente a los menores que llegaron solos a Estados Unidos. En 2015, la jueza del tribunal de distrito Dolly Ghee falló que los requisitos eran aplicables a los niños que cruzaron la frontera con sus familias, después de que el gobierno del entonces presidente Barack Obama trató de detenerlos juntos hasta que se completaran sus casos.
El Acuerdo Flores es un tema constante del discurso del presidente y su gobierno. Sostiene que es una rendija que alienta a los migrantes a efectuar la travesía peligrosa y potencialmente mortífera a Estados Unidos. El juez que supervisa el acuerdo ya ha rechazado los pedidos del gobierno de aumentar el tiempo que puede mantener detenidos a los niños, y los defensores de los migrantes buscaron bloquear las normas cuando la anunciaron en septiembre del año pasado.
Ha habido un aumento drástico en el número de familias que cruzan la frontera de Estados Unidos con México: unas 475.000 en lo que va del año fiscal, casi el triple del año entero anterior. La mayoría quedan en libertad en Estados Unidos mientras se procesan sus pedidos de asilo, una práctica que Trump califica desdeñosamente de “atrapar y soltar”.