El decálogo de la protesta nacional en Colombia
Foto: Fernando Vergara / AP
EFE. Bogotá, Colombia. 21 de noviembre de 2019.- El paro nacional de este jueves en Colombia fue convocado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) para manifestar su malestar y preocupaciones al Gobierno del presidente Iván Duque.
A esas centrales obreras se sumaron 45 sindicatos y organizaciones sociales que esperan que la protesta sea al menos igual al paro nacional del 14 de septiembre de 1977, el más grande que recuerde el país, contra el gobierno del entonces presidente Alfonso López Michelsen.
Las siguientes son las razones de las protestas:
1. REFORMA LABORAL
Los organizadores aseguran que una reforma laboral que supuestamente prepara el Gobierno destruye la estabilidad del empleo porque pretende que a los jóvenes que entran al mercado de trabajo se les pague el 75 % del salario mínimo legal.
También afirman que abre paso a la contratación de trabajadores por horas con lo que sería casi imposible lograr la jubilación.
2. REFORMA DE LAS PENSIONES
Las centrales obreras argumentan que el Gobierno busca eliminar el fondo estatal de pensiones Colpensiones y dejar los aportes de empresas y trabajadores para la jubilación en manos de fondos privados, un modelo del que dicen probó su «fracaso» en Chile.
Los sindicatos aseguran que esta reforma es promovida por organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En Colombia las mujeres se jubilan a los 57 años y los hombres a los 62, siempre y cuando hayan cotizado al menos 1.300 semanas a la seguridad social.
3. REFORMA TRIBUTARIA
Igualmente se oponen a los planes del Gobierno de hacer una reforma tributaria para rebajar los impuestos a las multinacionales y empresas mientras se los suben a la clase media y trabajadores.
4. PRIVATIZACIONES
El Gobierno pretende, según los sindicatos, privatizar Ecopetrol, la eléctrica ISA, Cenit (filial de Ecopetrol para el transporte de hidrocarburos) y «todas las empresas en las que el Estado sea propietario del 50 % de las acciones».
El Estado tiene participación directa en 105 empresas a través de sus ministerios y departamentos administrativos. En 39 de ellas su participación es mayoritaria y en 66, minoritaria.
5. CORRUPCIÓN
La protesta también es un rechazo a la corrupción que deja pérdidas de 50 billones de pesos al año (unos 14.560 millones de dólares) y señala escándalos multimillonarios como el de Odebrecht y la Refinería de Cartagena (Reficar).
Esta última, de propiedad de Ecopetrol, fue inaugurada en octubre de 2015 por el entonces presidente Juan Manuel Santos y tuvo un coste final de 8.016 millones de dólares, más del doble de los 3.777 millones de dólares presupuestados inicialmente.
6. TARIFAZO NACIONAL
En la reforma fiscal llamada «Ley de Financiamiento» el Gobierno incluyó un aumento del 35 % de las tarifas de electricidad para los estratos 4, 5 y 6 para «salvar» a Electricaribe, empresa de la española Naturgy (antigua Gas Natural Fenosa) intervenida en 2016.
Electricaribe presta el servicio a siete departamentos de la costa atlántica colombiana y tiene un déficit de 1,3 billones pesos (unos 407 millones de dólares), reveló en marzo pasado un informe de la Contraloría (tribunal de cuentas).
7. SALARIO MÍNIMO
El salario mínimo vigente en Colombia es de 828.116 pesos (unos 240 dólares de hoy) y quienes lo cobran reciben además un subsidio de transporte de 99.023 pesos (unos 28 dólares).
Según los sindicatos ese pago es insuficiente porque no alcanza para cubrir la «canasta familiar» y por eso las familias se ven obligadas al «rebusque» para completar el dinero de los gastos.
8. INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS
Otro argumento para la protesta nacional es el supuesto incumplimiento por parte del Gobierno de acuerdos firmados por esta Administración y las anteriores con varios sectores sociales y sindicales, especialmente con indígenas, campesinos y maestros.
9. DEFENSA DE LA PROTESTA SOCIAL
Los convocantes rechazan que el Gobierno quiera «reglamentar» el «derecho a la protesta social» y criminalizar a quienes se manifiestan en las calles.
10. EDUCACIÓN
Los estudiantes universitarios, que el año pasado protagonizaron una huelga de dos meses reclaman al Gobierno el cumplimiento de los acuerdos firmados y medidas contra la corrupción en las universidades públicas.
El citado acuerdo incluyó una inversión de 4,5 billones de pesos (unos 1.309 millones de dólares de hoy) en las universidades públicas durante cuatro años, la mayor suma destinada a la educación superior en la historia del país, argumenta Duque.