Foto: Luis Enrique Olivares
Periodistas Unidos. Ciudad de México. 19 de agosto de 2019.- Hoy por hoy, la realidad nos indica que las acciones emprendidas en todos los niveles de gobierno para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia son insuficientes, para la dimensión del problema que cada día impacta negativamente en la vida de las mujeres.
De acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de enero a junio de 2019 fueron asesinadas 1,812 mujeres en México, es decir, un promedio de 10 mujeres por día. A ello se suman las denuncias por violación sexual. En 2018 se registraron un total de 15,322 denuncias por violación sexual a nivel nacional.
De igual forma, la vida de las mujeres se desarrolla en un contexto de militarización de la seguridad pública que lejos de garantizar su integridad física y libertad, atenta contra ella. Como organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres que acompañamos y visibilizamos casos de violencia feminicida, hemos documentado una ruta de impunidad y patrones que responsabilizan a las mujeres de las agresiones y violaciones en su contra; la reproducción de los estereotipos de género por parte de las propias autoridades, y lo que ello implica para ellas y sus familias.
Ante ello, es indispensable señalar que no basta abrir las carpetas de investigación por los delitos que ponen en riesgo la vida de las mujeres, sino que es urgente y necesario que realmente se garantice el acceso a la justicia de una manera pronta y efectiva.
Las organizaciones firmantes reivindicamos que la impunidad y la falta de respuestas eficaces por parte de las autoridades en todo el país, agudiza la indignación y acrecienta el hartazgo social que necesita ser atendido sin descalificaciones, sino como el pulso que nos permite sentir y reconocer el nivel de afectación que hay en el tejido social, por la ausencia de una política pública integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia que sufren las mujeres del país.
En este sentido, desde el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) red conformada por 43 organizaciones de la sociedad civil, ubicadas en 23 estados de la República, y demás organizaciones firmantes, nos sumamos a las exigencias de colectivas, víctimas, familiares de víctimas y defensoras de los derechos de las mujeres, y exigimos que a la brevedad el Gobierno Federal, los gobiernos estatales y municipales
- 1.-Ante la negativa de la CONAVIM para declarar la Alerta de Violencia de Género para la Ciudad de México, solicitamos que la Jefa de Gobierno realice dicha declaratoria, retomando las recomendaciones realizadas por el Grupo de Trabajo y la propia CONAVIM, en el marco de la solicitud realizada desde el 7 de septiembre de 2017 por las organizaciones: Justicia Pro Persona A.C.; el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C. con el acompañamiento de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos Para Todos (RED TDT) y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
- 2.-Se realicen investigaciones con perspectiva de género, que den con el conocimiento de la verdad y el esclarecimiento de los hechos ocurridos de violencia sexual perpetrados por integrantes de cuerpos de seguridad pública.
- 3.-Se sancione a las autoridades responsables de la filtración de información, violentando el debido proceso y la seguridad de las víctimas y sus familias.
- 4.-Se conformen cuerpos de policías de género, formados específicamente para atender las problemáticas que ponen en riesgo a las mujeres.
- 5.-Se realicen acciones inmediatas para la reparación del daño a las víctimas y se den garantías de no repetición.
- 6.-Se realice la actualización de protocolos de actuación para las y los funcionarios públicos, a fin de garantizar su implementación con perspectiva de género, derechos humanos y la debida diligencia.
- 7.-Acciones y políticas públicas firmes, coherentes, sostenibles y basadas en el respeto y la garantía de los derechos humanos.
- 8.-Participación social y política de las mujeres en el desarrollo e implementación de las estrategias que garanticen el derecho a una vida libre de violencia.
- 9.-Los gobiernos eviten la criminalización de la protesta social contra las mujeres, niñas y adolescentes que de manera legítima ejercen el derecho a defender sus derechos, por el contrario, facilitar canales efectivos de diálogo directo con las víctimas, las organizaciones, y colectivas de mujeres.
- 10.-Se generen los marcos legales para sancionar a las autoridades que desde el Gobierno Federal, Estatal y Municipal por su acción u omisión violenten los derechos de las mujeres.
En el caso específico de la Ciudad de México es indispensable que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum genere el espacio y canal de comunicación que permita dar seguimiento a las mesas de trabajo y acciones emprendidas, hasta ver materializadas las propuestas de acción, iniciativas y políticas públicas que emprenderán para la atención dicha problemática.
Estamos convencidas, que lo que sucede en la Ciudad de México, es un indicador de lo que pasa en otros estados de nuestro país, por lo que, las acciones desde la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), y los gobiernos de las entidades deben realizarse sin dilación, con eficacia y respetando las manifestaciones de indignación y repudio, consecuencia de la ausencia de una política integral que proteja a las mujeres de México.
Hacemos un llamado al movimiento de mujeres, al movimiento feminista, a defensoras de los derechos de las mujeres, a las organizaciones de la sociedad civil y a la sociedad en general, a continuar buscando y fomentando los canales de diálogo con las autoridades para construir de manera conjunta las acciones que puedan erradicar la violencia contra las mujeres y nos permita vivir de manera plena, libre y seguras.
ATENTAMENTE, Organizaciones peticionarias de la
Alerta de Violencia de Género para la Ciudad de México:
Justicia Pro Persona A.C
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C.
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)