Periodistas Unidos. Ciudad de México. 14 de noviembre de 2026.- El decreto que reforma el Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, denominado públicamente por sectores críticos como la ‘Ley Antimemes’, entró en vigor este sábado tras haber sido firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). La normativa establece sanciones penales y económicas severas para castigar la suplantación de identidad institucional en entornos digitales y físicos.
Entre las modificaciones principales destaca el endurecimiento de las penas por delitos contra la propiedad intelectual, contemplando condenas de hasta cinco años de prisión y multas que ascienden hasta 1.17 millones de pesos. De acuerdo con la postura del Gobierno federal y los legisladores que impulsaron el dictamen en el Congreso de la Unión, el objetivo central de la reforma es combatir los fraudes cometidos mediante la duplicación de portales gubernamentales para trámites como la emisión de pasaportes, así como el uso de tecnología deepfake y logotipos oficiales para engañar a la ciudadanía con falsas oportunidades de inversión.
Durante el proceso legislativo en la Cámara Alta, el senador Javier Corral explicó que la legislación busca vigilar las comunicaciones, plataformas y sistemas informáticos que simulen ser oficiales con fines ilícitos. No obstante, la redacción del artículo 403-Bis de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial suscitó cuestionamientos por parte de organizaciones civiles y especialistas jurídicos debido a la amplitud de sus términos.
Dicho apartado tipifica como delito la conducta de quien «utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o cualquier documento de carácter oficial (…) para inducir al error o engaño». Al respecto, Daniela Carrasco, académica del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, advirtió que la ambigüedad en la formulación normativa conlleva el riesgo de afectar expresiones amparadas por la libertad de expresión, tales como la sátira, la parodia o la crítica política realizada por periodistas y creadores de contenido en plataformas digitales.
Por su parte, legisladores de las bancadas de oposición manifestaron su rechazo al decreto, argumentando que la falta de precisión jurídica abre la posibilidad de criminalizar la elaboración de parodias o memes sobre funcionarios públicos, calificando la medida como un mecanismo potencial de censura frente a la crítica política.
Mientras las autoridades federales reiteran que la aplicación de la norma está dirigida exclusivamente a perseguir redes de estafa cibernética y robo de datos personales, diversos colectivos de defensa de los derechos digitales han anunciado que mantendrán vigilancia sobre los criterios de interpretación judicial que se apliquen a partir de su entrada en vigor.