Periodistas Unidos. Madrid, España. 08 de septiembre de 2025.– El Gobierno español ha elevado drásticamente su presión sobre Israel por el conflicto en Gaza, calificándolo explícitamente de «genocidio» y aprobando un paquete de nueve medidas para sancionar al Ejecutivo de Benjamin Netanyahu. En una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa, el presidente Pedro Sánchez acusó a Israel de «exterminar a un pueblo indefenso» mediante bombardeos a hospitales y el hambre que afecta a niños inocentes, desatando una respuesta inmediata de Tel Aviv, que incluyó acusaciones de «antisemitismo» y la prohibición de entrada a dos ministras españolas. Esta escalada diplomática agrava las tensiones bilaterales en un contexto de crisis humanitaria sin precedentes en la Franja, con más de 64.000 palestinos muertos desde octubre de 2023, según datos de la ONU y el Ministerio de Sanidad gazatí.
Sánchez, quien lideró el reconocimiento del Estado palestino en mayo de 2024 junto a Irlanda y Noruega, describió la ofensiva israelí como una «nueva oleada de ocupaciones ilegales» que ha causado 63.000 muertos, 159.000 heridos, 250.000 personas en riesgo de desnutrición aguda y casi dos millones de desplazados, la mitad menores. «Esto no es defenderse, no es ni siquiera atacar: es quebrantar todas las leyes del Derecho Humanitario«, afirmó, citando a la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, y a expertos internacionales que han calificado la situación de genocidio.
El anuncio busca «detener el genocidio, perseguir a sus ejecutores y apoyar a la población palestina«, aunque Sánchez admitió que estas acciones no frenarán la invasión por sí solas, sino que buscan «añadir presión» y aliviar el sufrimiento.
Las nueve medidas, aprobadas por decreto ley urgente y pendientes de ratificación parlamentaria, incluyen:
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Embargo permanente de armas: Consolidación jurídica de la prohibición de venta o compra de armamento, munición y equipamiento militar a Israel, en vigor de facto desde octubre de 2023.
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Prohibición de atraque en puertos: Ningún barco con combustibles para las fuerzas armadas israelíes podrá usar instalaciones españolas.
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Cierre del espacio aéreo: Denegación de sobrevuelo a aeronaves estatales que transporten material de defensa a Israel.
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Veto de entrada a implicados: Prohibición de acceso a España para personas que participen directamente en el «genocidio, violaciones de derechos humanos o crímenes de guerra» en Gaza, lo que podría incluir a altos cargos como Netanyahu.
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Embargo a productos de asentamientos: Veto a importaciones de bienes de asentamientos ilegales en Gaza y Cisjordania, para combatir la ocupación y preservar la solución de dos Estados.
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Limitación de servicios consulares: Solo asistencia mínima obligatoria a españoles residentes en asentamientos ilegales.
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Refuerzo en Rafah: Incremento de efectivos en la misión de la UE en el paso fronterizo y nuevos proyectos de colaboración con la Autoridad Palestina en agricultura, seguridad alimentaria y sanidad.
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Apoyo adicional a UNRWA: 10 millones de euros extras para la Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos.
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Aumento de ayuda humanitaria: Elevación del presupuesto para Gaza a 150 millones de euros en 2026.
Estas medidas reflejan el respaldo mayoritario de la sociedad española a Palestina, según encuestas recientes, y se alinean con la tradición de Madrid de defender el derecho internacional, incluyendo el reconocimiento de Palestina y la adhesión a la demanda de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han aplaudido las acciones como un «paso valiente» contra la impunidad, urgiendo a la UE a suspender el Acuerdo de Asociación con Israel.
Sin embargo, el PP y Vox han criticado las medidas como «intervencionismo irresponsable» que daña la economía y seguridad de España. La reacción de Israel fue inmediata y contundente. El ministro de Exteriores, Gideon Sa’ar, calificó las medidas de «antisemitas» y acusó a Sánchez de usarlas para desviar la atención de «escándalos de corrupción» en su gobierno.
Israel respondió vetando la entrada a la vicepresidenta Yolanda Díaz y a la ministra de Juventud, Sira Rego (ambas de Sumar), por su «retórica hostil y antisemita». Además, el Ministerio de Exteriores español convocó al embajador israelí y llamó a consultas a su representante en Tel Aviv, rechazando «tajantemente» las acusaciones de antisemitismo y destacando el compromiso de España contra el racismo, con 72.000 sefardíes nacionalizados recientemente.
El conflicto en Gaza, desencadenado por el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, que mató a 1.200 israelíes y tomó 250 rehenes, ha generado una catástrofe: el 90% de la población desplazada, destrucción del 60% de las infraestructuras y hambruna inminente, según la ONU. Israel sostiene que sus operaciones buscan eliminar a Hamás y ha permitido 500 camiones de ayuda diarios recientemente, pero la OCHA alerta de un colapso sanitario total.
Esta confrontación hispano-israelí, que podría extenderse a boicots culturales y turísticos (200.000 españoles visitan Israel al año), complica las aspiraciones de España en el Consejo de Seguridad de la ONU para 2025-2026 y refleja la polarización europea: Alemania y Hungría apoyan a Israel, mientras Bélgica e Irlanda impulsan boicots similares.
El Ministerio de Exteriores español llamó a la «moderación y al diálogo multilateral«, pero la tensión parece lejos de resolverse, con Netanyahu insistiendo en operaciones en Gaza City y la ONU urgiendo un alto el fuego inmediato.