Estudiantes latinoamericanos, nuevas víctimas de política migratoria de Trump
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Por Laura Barros y Beatriz Limón
EFE. Washington/Phoenix. 09 de julio de 2020.- Llegaron a EE.UU. seleccionados por prestigiosas instituciones educativas en virtud de sus méritos académicos y hoy enfrentan la posibilidad de quedar indocumentados, e incluso ser deportados, por una norma del Gobierno de Donald Trump.
Esta semana cayó como una bomba entre la comunidad extrajera estudiantil el anuncio del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) de que iba suprimir los visados para los inscritos en universidades que operen de forma virtual el próximo semestre debido a la pandemia y que obligarán a salir del país a quienes ya estén cursando sus estudios si no los siguen de manera presencial.
Cifras sobre el flujo global de estudiantes de la Unesco indican que en EE.UU. residen 321.625 estudiantes chinos, 142.618 indios y 56.186 de Corea del Sur. De Latinoamérica, las cifras las lideran México, con 16.414 alumnos, Brasil (12.357), Venezuela (8.109) y Colombia (7.436).
Detrás de cada decisión oficial hay siempre personas afectadas, de allí que Efe contactara con varios estudiantes de distintas nacionalidades que ahora temen estar obligados a abandonar EE.UU. y posponer sus proyectos, muchos de los cuales eran financiados por sus propias universidades, en caso de que sus programas se mantengan en línea.
VOLVER A UNA CRISIS HUMANITARIA
Para Raúl Romero, un joven venezolano de 21 años que llegó en 2016 a Nuevo México beneficiado por una beca del sistema de escuelas y programas educativos United World Colleges, quedarse sin un estatus legal le obligaría a volver a su país, donde, advierte, se vive una emergencia humanitaria.
Romero asiste desde 2018 a Kenyon College, en Ohio, donde hace malabares para sostenerse con la beca y los 112 dólares que puede ganar a la semana por trabajos dentro del campus.
La amenaza de ICE, aseguró a Efe, lo tomó por sorpresa: «Yo estaba en el apartamento en el que he podido estar por este verano y me puse a llorar (…) porque hay mucha incertidumbre».
«No saber si puedo regresar a Venezuela y si regreso si pudiese irme, me pone en una posición muy difícil. Mi pasaporte se vence en enero», afirmó Romero para quien el retorno a su país no es una opción. «No hay vuelos hacia Venezuela, no tendría conexión a internet, no podría continuar mis clases».
Pero, sobre todo, «hay una crisis humanitaria y a veces se nos olvida eso».
De momento está a salvo, ya que su universidad ha anunciado que habrá clases presenciales en otoño, pero Romero teme que un repunte de los casos de la COVID-19 los obligue a pasar lecciones en línea.
UNA DECISIÓN CONTRA LAS UNIVERSIDADES
Otro estudiante venezolano, Daniel Di Martino, quien el próximo semestre comenzará un doctorado en Economía en la Universidad de Columbia, en Nueva York, consideró que esta medida asestará un golpe no solo a los alumnos sino también a los centros educativos .
«Esta opción del Gobierno está destruyendo los planes de todas las universidades, va a expulsar a estudiantes internacionales que después no vamos a tener forma de volver. Esto es un tema de derechos humanos también, porque entonces ¿Qué pasa con los que se van a Venezuela, con los que se van a Irán, a China?», se preguntó.
«El mayor efecto -opinó- es que muchas personas van a diferir su admisión por un año», un escenario que aplazaría la entrada de ingresos ya presupuestados por las universidades.
Sin embargo, su análisis va más allá: «Aun si quitaran esta regla ahorita, que la echen para atrás, pues muchísimas personas van a dejar de aplicar de internacional a EE.UU., ¿por qué? Porque ya no es un país que dé la bienvenida a las personas de otros países», dijo Di Martino, quien anticipó que esos estudiantes buscarían oportunidades en Canadá, Australia o el Reino Unido.
«NO NOS ESTÁN REGALANDO NADA»
Maritza Rodríguez, una estudiante mexicana con una Visa F-1 que habló con Efe bajo ese nombre para proteger su identidad, se confesó muy “enojada por la medida de una posible deportación”.
Esta joven de 23 años ha concluido dos carreras, Mercadotecnia y Administración de Negocios Internacionales en la Universidad estatal de Luisiana, y actualmente cursa una maestría en Maryville University de San Luis (Misuri).
“Estoy estudiando en este país desde 2015 con excelentes calificaciones, y me he graduado con honores, hubiera tenido beca completa si hubiera nacido en Estados Unidos, pero lo he logrado con mi esfuerzo, para que ahora nos traten así”, expresó.
“Me frustra mucho porque nosotros pagamos nuestra colegiatura completa, residencia, no nos están regalando nada -añadió-. Además, no entiendo cómo nos quieren sacar si muchos países han bloqueado los vuelos de Estados Unidos en reacción a la pandemia por el coronavirus, es ilógico”.
«NUNCA PENSÉ ESTAR EN LA POSICIÓN» DE LOS SOÑADORES
Con cuatro años en Estados Unidos y un recorrido académico que incluye estudios de arte dramático en Nueva York, Agustina Hiriart, una joven uruguaya que logró una beca parcial para estudiar Comunicación en la Universidad George Mason, en Fairfax, cerca de Washington DC, enfrenta esta situación con emociones encontradas, ya que está inscrita en clases virtuales.
«Cuando pasó todo lo de DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), como que evidentemente me sentía mal por ellos, pero nunca pensé estar en la posición que estaban ellos. Me siento como que es injusto, que es totalmente injusto», subrayó esta joven, sobre el programa que cobija a los llamados «soñadores».
Y con un contrato de alquiler, vehículo e incluso impuestos pagados en Estados Unidos, cree que como estudiantes internacionales están ayudando al país, moviendo la economía.
«Somos un motor también para el país y sería totalmente injusto que cuatro años de estudio, de dedicación, de trabajo (…) se vayan por la borda por una decisión de una persona», sostuvo esta joven, que se resiste a verse como víctima sino como luchadora, latina y mujer.
¿BIOPOLÍTICA?
Para Beatriz Padilla, profesora asistente en la Universidad del Sur de Florida, esta decisión puede tener el carácter de «biopolítica», en alusión a un término usado, entre otros, por el filósofo francés Michel Foucault para aludir a una gestión de Gobierno que aspira a gestionar los procesos biológicos de la población.
«Estamos obligando a los estudiantes internacionales, que de por sí son mucho más vulnerables, porque tienen a veces menos recursos (a mano), no tienen familia (cerca), no tienen digamos una serie de apoyos sociales y familiares que se pueden necesitar, los estamos usando como de ‘conejillos de indias’ para que sean obligatoriamente los estudiantes que asisten a esas clases presenciales, que incluso los mismos profesores tampoco muchas veces quieren dar y se entiende por qué», alertó.
Padilla consideró que muchos alumnos con el visado F1 son, además de estudiantes, asistentes de investigación, de enseñanza e instructores, por lo que su vida académica no se limita a tomar clases.
De allí que vea en esta medida una forma de «distraer la atención de los verdaderos problemas que se están viviendo, como haber perdido el descontrol de la evolución de la pandemia», y de usar los estudiantes internacionales como chivo expiatorio.