Periodistas Unidos. Ciudad de México. 13 de octubre de 2026.- La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Gina Romero, exhortó este lunes 12 de octubre al Gobierno de México a realizar una investigación pronta, exhaustiva e independiente sobre los señalamientos de represión policial, uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias cometidos durante la marcha por la crisis del agua en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
A través de un pronunciamiento emitido en sus redes oficiales, la representante del organismo internacional manifestó su preocupación por los reportes sobre el empleo indiscriminado de agentes químicos, gases lacrimógenos, balas de goma y mecanismos de dispersión violenta contra miles de ciudadanos que marchaban de forma pacífica. Romero demandó a las autoridades jaliscienses salvaguardar la integridad de las personas bajo custodia y abstenerse de emitir discursos estigmatizadores que criminalicen la manifestación pública.
El conflicto social escaló el pasado domingo cuando aproximadamente diez mil habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara salieron a las calles para exigir soluciones ante la llegada de agua contaminada con metales pesados, coliformes y deficiencias en los procesos de cloración a más de 320 colonias de la urbe, contingencia sanitaria documentada por organizaciones civiles desde marzo del presente año. La jornada concluyó con enfrentamientos, brigadistas y periodistas lesionados, así como acusaciones de incomunicación de los detenidos.
Sobre los hechos, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó su rechazo absoluto al uso de la fuerza policial contra los ciudadanos y solicitó al Gobierno del Estado de Jalisco transparentar los listados de aprehendidos y precisar su estatus jurídico. Por su parte, el gobernador de la entidad justificó el despliegue argumentando la presencia de supuestos grupos de choque, aunque comprometió una revisión interna sobre la actuación de las corporaciones de seguridad estatal.
Familiares y colectivos defensores de derechos humanos continúan denunciando irregularidades administrativas, falta de información sobre las 39 personas bajo custodia oficial y trabas para brindar asistencia legal a los arrestados. La presión diplomática y civil presiona al Ejecutivo local para establecer mesas de diálogo técnico sobre la red de agua potable y garantizar la liberación de los manifestantes.