Familias Unidas protestarán, 7 y 8 de julio, en CDMX por mega fraude inmobiliario de Inverco en Yucatán
Por Alejandro Meléndez
Periodistas Unidos. Ciudad de México. 06 de julio de 2025.- La organización civil Familias Unidas, que representa a más de 200 víctimas del fraude inmobiliario perpetrado por la empresa Inversión Colectiva Inmobiliaria (Inverco) en Yucatán, anunció manifestaciones pacíficas para los días 7 y 8 de julio en la Ciudad de México. Estas protestas buscan exigir justicia por un desfalco que afectó a 700 compradores nacionales y extranjeros, con pérdidas estimadas en hasta 860 millones de pesos.
El licenciado Jesús Othón Baca Cacho, representante legal de Familias Unidas, destacó que las manifestaciones tienen tres objetivos principales:
Inclusión del caso en la Mesa de Seguridad Nacional: Los afectados solicitarán al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que incorpore el caso Inverco a la Mesa de Seguridad Nacional debido a su magnitud y las implicaciones judiciales, sociales y diplomáticas, dado que muchas víctimas son mexicanos en movilidad laboral en Norteamérica, Europa y Latinoamérica, así como miembros de grupos vulnerables.
Atención directa de la Secretaría de Gobernación: Pedirán a Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, que atienda personalmente el caso, como lo instruyó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el pasado 6 de marzo, tras la intervención de la periodista Mireya Cuéllar en “La Mañanera”. Los afectados señalan que la funcionaria delegó esta responsabilidad a un representante que no gestionó adecuadamente el asunto.
Apoyo mediático: Durante la protesta del 7 de julio en el Zócalo capitalino, los manifestantes buscarán dialogar con representantes de los medios de comunicación para solicitar su respaldo en la cobertura de las movilizaciones del 8 de julio en las sedes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB).
Actividades de las Manifestaciones
El 7 de julio, a las 8:00 horas, los integrantes de Familias Unidas se reunirán en la calle Moneda, a un costado del Palacio Nacional, en el Zócalo de la CDMX. Desplegarán mantas, pronunciarán consignas contra los responsables de Inverco y repartirán boletines informativos para visibilizar el caso. Además, intentarán exponer su situación nuevamente ante la presidenta Sheinbaum durante “La Mañanera del Pueblo”.
El 8 de julio, a las 9:00 horas, los manifestantes, incluyendo víctimas de Estados Unidos, Canadá y diversos estados de México, se concentrarán en las oficinas de la SSPC, ubicadas en Av. Constituyentes 947, Álvaro Obregón. Desde un punto de encuentro en Av. Ignacio Zaragoza, caminarán hacia la sede para exigir una audiencia con García Harfuch y la inclusión del caso en la agenda de seguridad nacional. Posteriormente, se trasladarán a las oficinas de la SEGOB en Abraham González 48, colonia Juárez, para demandar la intervención directa de Rodríguez Velázquez. La llegada a este punto está programada para las 11:30 horas.
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Antecedentes del Caso Inverco
Inverco, fundada en diciembre de 2018 por el ingeniero Miguel Ángel Aguayo de Pau y el notario público Rolando Alberto Bello Mejía, primo del exgobernador y actual senador yucateco Rolando Rodrigo Zapata Bello, es señalada por operar un esquema fraudulento en el Fraccionamiento Pedregales de Misnébalam. Este proyecto dejó a 700 compradores sin sus propiedades, con un daño patrimonial estimado en 860 millones de pesos. Familias Unidas representa a un cuarto de los afectados, con pérdidas de aproximadamente 250 millones de pesos.
En agosto de 2024, 65 víctimas presentaron una queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), que emitió dictámenes a su favor, ordenando a Inverco devolver cerca de 72 millones de pesos, además de bonificaciones y multas por no asistir a audiencias conciliatorias. Estos dictámenes han dado una ventaja jurídica significativa a los afectados, según Baca Cacho.
Además, Familias Unidas logró que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigue a Inverco por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. En Mérida, el abogado presentará el primer juicio ejecutivo mercantil contra la empresa a nombre de los 65 primeros beneficiados por los dictámenes de PROFECO, y entregará información detallada al representante de la SEGOB en Yucatán sobre el mega fraude y las acciones legales emprendidas.
Red de Corrupción Señalada
Baca Cacho denunció que el fraude de Inverco involucra a una red de corrupción que incluye a miembros de la oligarquía yucateca, el Tribunal Superior de Quintana Roo, funcionarios estatales y municipales de Yucatán, delegados agrarios y de vivienda federal, comisariados ejidales, abogados, jueces, notarios públicos y asesores inmobiliarios, todos identificados por Familias Unidas. “Estamos sentando los primeros precedentes de justicia frente a carteles inmobiliarios en Yucatán. Hay una red de intereses, silencio, contubernio y corrupción que debemos exponer y combatir”, afirmó el abogado.
Contexto y Apoyo Mediático
El caso Inverco ha ganado relevancia desde julio de 2024, cuando el reportero Ramón Flores lo llevó a “La Mañanera” de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, fue en marzo de 2025 cuando la periodista Mireya Cuéllar, de La Jornada, logró que la presidenta Sheinbaum ordenara a la SEGOB atender el caso, lo que derivó en los dictámenes de PROFECO. Los afectados destacan que estas acciones están marcando un precedente nacional e internacional por su celeridad y transparencia.
En redes sociales, usuarios han compartido información sobre las protestas, respaldando la lucha de Familias Unidas y exigiendo justicia. Publicaciones en X han destacado la importancia de visibilizar el caso para presionar a las autoridades y han criticado la impunidad en fraudes inmobiliarios en Yucatán. Algunos posts también señalan la participación de figuras políticas y empresariales en la red de corrupción, aunque sin pruebas concretas en las publicaciones revisadas.
Llamado a la Acción
Familias Unidas invita a la ciudadanía y a los medios de comunicación a sumarse a su causa para exigir justicia y transparencia. “Todo empieza con tener la información correcta y completa del tamaño del problema”, subrayó Baca Cacho, quien insistió en la necesidad de involucrar a las autoridades federales para garantizar el apego a derecho en las acciones legales. Los afectados esperan que las protestas del 7 y 8 de julio generen una respuesta efectiva de las autoridades y sienten un precedente en la lucha contra los carteles inmobiliarios en México.
Fuentes: Información proporcionada por voceros de Familias Unidas, comunicados oficiales y publicaciones en redes sociales.