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Fiscalía CDMX presenta pruebas contundentes contra vigilante por feminicidio de Edith Guadalupe y abre línea por trata

Periodistas Unidos. 21 de abril de 2026.- La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, presentó avances significativos en la investigación del feminicidio de Edith Guadalupe, ocurrido el pasado 15 de abril. La funcionaria confirmó que existen datos de prueba sólidos para imputar a Juan Jesús “N”, vigilante del edificio en Avenida Revolución 829, alcaldía Benito Juárez. Según la reconstrucción de los hechos, el imputado tenía control total del inmueble y habría manipulado deliberadamente el sistema de videovigilancia, desconectándolo entre las 16:23 y las 17:44 horas, ventana de tiempo en la que se presume ocurrió la agresión fatal.

En la caseta de vigilancia, área bajo resguardo exclusivo del detenido, peritos localizaron rastros hemáticos con intentos de limpieza incompleta, así como pertenencias de la víctima en el bote de basura. Además, se aseguró un desarmador en un registro de drenaje, objeto compatible con las heridas punzocortantes que causaron la muerte de la joven de 21 años. La fiscalía también detectó cortes adicionales en las cámaras durante la madrugada del 16 de abril, maniobras consistentes con el ocultamiento del cuerpo y de los teléfonos celulares de Edith, hallados posteriormente en los medidores de luz de la Torre B.

Indignación por omisiones y red de trata

«Hoy tenemos tres cosas claras: una línea de investigación sólida con un detenido, una reconstrucción de hechos que avanza y una revisión interna por fallas que no debieron ocurrir», puntualizó la fiscal.

Respecto a un video difundido en redes sociales donde aparece un residente con una mujer distinta a la víctima, la Fiscalía aclaró que dicha persona no se encontraba en el inmueble al momento del crimen. El condómino ya se presentó a declarar y sus registros de entrada y salida confirman su ubicación fuera del edificio durante la ventana de los hechos. La investigación continúa en etapa inicial, con el compromiso de la institución de no permitir que negligencias administrativas vuelvan a obstaculizar la búsqueda de justicia.

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