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Frayba denuncia continuidad de la contrainsurgencia en Chiapas: despojo territorial y ataques contra el EZLN en Belén

Periodistas Unidos. San Cristóbal de Las Casas, México. 30 de septiembre de 2025.- El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) alertó en un boletín sobre la persistencia de estrategias contrainsurgentes en Chiapas, que incluyen despojo territorial, creación de conflictos y operativos militares contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). En el foco, el Poblado Autónomo Zapatista Belén, en la Región Campesina del Caracol 8 “La Luz que Resplandece al Mundo”, con sede en Dolores Hidalgo (municipio oficial de Ocosingo), donde se reportan agresiones que buscan privatizar tierras recuperadas en 1994.

La Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas (ACGAZ), parte de las estructuras que impulsan “El Común” zapatista, denunció ataques iniciados en abril de 2025, con negación al diálogo, mediciones territoriales, amenazas, robo de cosechas, quema de dos casas y despojo. Estos actos, perpetrados por grupos de civiles junto a la policía municipal de Ocosingo, Policía Estatal, Delegado de Gobierno, Fiscalía General del Estado de Chiapas y efectivos del Ejército mexicano, han desplazado forzosamente a al menos 13 Bases de Apoyo del EZLN (BAEZLN) y 40 campesinos no zapatistas, encargados del trabajo colectivo y la milpa común.

“El fin es convertir el territorio recuperado en tierra privada, lo que pone en riesgo la vida e integridad de las personas que habitan el territorio”, enfatizó el Frayba, vinculando estos hechos a una renovación de hostigamiento estatal contra el proyecto político zapatista y su lucha por la vida.

La organización documentó intentos previos en abril, mayo, julio y agosto, con invasores de Huixtán respaldados por documentos supuestamente oficiales, amenazando con “salir por las buenas o por las malas”.

El 18, 20 y 22 de septiembre, 15 personas se posicionaron en el predio, con apoyo de dos camionetas del Ejército federal, tres de la policía de Ocosingo y cuatro de la Fiscalía, destruyendo y quemando viviendas, y robando elotes.

Estos eventos no son aislados: constituyen la segunda incursión conjunta de fuerzas estatales y militares en territorio zapatista este año. La primera ocurrió el 24 de abril en San Pedro Cotzilnam, municipio de Aldama (Región Autónoma Vicente Guerrero), con un operativo de 39 vehículos de Guardia Nacional, Ejército, Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal y otros, que incluyó cateos sin órdenes judiciales y detenciones arbitrarias de BAEZLN.

Además, en abril, durante el Encuentro Zapatista (Rebel y Revel) Arte, se registraron hostigamientos y vigilancia militar.

El Frayba califica estas acciones como parte de una estrategia contrainsurgente disfrazada de “restitución de tierras” por el sistema de justicia, con respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para confrontar al EZLN y facilitar megaproyectos extractivistas, de infraestructura, turísticos e industriales en Chiapas.

“Como en los tiempos del PRI, ahora disfrazado de 4T”, advierten, señalando que esta violencia viola los artículos 1 y 2 de la Constitución mexicana, el Convenio 169 de la OITAcuerdos de San Andrés, que reconocen el territorio como columna vertebral de los pueblos. (artículos 13, 14 y 15), las Declaraciones de la ONU y OEA sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (artículos 25-32 y 25-27), y los

Ante el riesgo de escalada, el Frayba ha remitido la información a gobiernos estatal y federal para que respeten el territorio zapatista y detengan las violaciones por parte de sus agentes. Exigen la integridad de las personas no zapatistas y BAEZLN, así como de sus territorios donde se construye “El Común y la No Propiedad”. Hacen un llamado a la solidaridad nacional e internacional para acciones en defensa de la vida y el territorio.

El EZLN ha difundido videos e imágenes de vehículos estatales en el predio, responsabilizando a los tres niveles de gobierno de promover enfrentamientos en favor de terratenientes y empresarios.

Este contexto resalta la alarmante crisis de derechos humanos en Chiapas, donde la autonomía zapatista enfrenta una guerra de desgaste que amenaza su legado de resistencia.

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