Gobierno de Donald Trump busca aumentar la detención de familias migrantes

Foto: Evan Vucci / AP

AP. Santa Ana, Estados Unidos. 23 de junio de 2018.-  El gobierno del presidente Donald Trump está pidiendo que aumenten las detenciones de padres migrantes y sus hijos después de ser detenidos a lo largo de la frontera con México, una medida denunciada por sus críticos como un intento cruel e ineficaz para disuadir a que las familias dejen de venir a Estados Unidos.

Las autoridades de inmigración notificaron el viernes que podrían buscar hasta 15.000 camas para las familias migrantes detenidas. El Departamento de Justicia también le pidió a un tribunal federal en California que permita que los niños permanezcan detenidos por más tiempo y en instalaciones que no requieran licencia estatal mientras esperan los procedimientos necesarios en las cortes de migración.

«La situación actual es insostenible», escribió August Flentje, asesor especial del subsecretario de Justicia en documentos judiciales que buscan cambiar un acuerdo de larga data que rige la detención de niños migrantes. Cuanto más limitado sea el Departamento de Seguridad Nacional en las detenciones conjuntas de familias durante los procedimientos de inmigración, «será más probable que las familias intenten cruzar la frontera ilegalmente», agregó.

La ampliación propuesta se produce días después de que una fuerte oleada de críticas públicas obligó al gobierno federal a cancelar su práctica de separar a los niños de sus padres migrantes en la frontera.

Más de 2.300 niños han sido arrebatados a sus padres desde que el Departamento de Seguridad Nacional anunció su plan en abril de procesar a todos los inmigrantes atrapados en la frontera.

En total, cerca de 9.000 inmigrantes que viajan en grupos familiares han sido detenidos en la frontera en cada uno de los últimos tres meses, según las autoridades federales.

Los defensores de los inmigrantes sostienen que no debe haber niños detenidos e insisten en que hay otras alternativas para asegurar que ellos y sus padres asistan a las audiencias de la corte de inmigración, como tobilleras de seguimiento electrónico o programas comunitarios. El tribunal federal falló hace varios años que los niños deben salir tan pronto como sea posible de la detención familiar.

“Definitivamente no es una solución bajo ninguna circunstancia”, dijo Manoj Govindaiah, director de los servicios de detención familiar en la organización sin fines de lucro RAICES, con sede en Texas. “Un niño no debería de ser encarcelado, los menores necesitan estar con sus padres”.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) tiene tres centros de detención, un centro que cuenta con 100 camas que fue abierto en Pensilvania en 2001 y dos instalaciones mucho más grandes en Texas abiertas en 2014. Solo la instalación de Pensilvania puede albergar hombres, y todos los detenidos en los centros de Texas son mujeres y niños.

En Dilley, Texas, se construyó una instalación en una zona lejana que hace tiempo fungió como un campamento para los trabajadores de la industria petrolera. Incluye cabañas construidas alrededor de parques. El otro centro de Texas, en Karnes City, está rodeado por vallas de cuatro metros (15 pies) de largo y tiene cámaras de vigilancia que supervisan todos los movimientos. También ofrece libros infantiles bilingües, clases, y cuenta con pantallas de televisión y un campo artificial de fútbol.

Dentro del centro de Karnes City, hay entre cinco a seis camas por cuarto y generalmente son compartidas por un par de familias. Las paredes están pintadas de colores pastel, señaló Govindaiah y agregó que las instalaciones son operadas por prisiones privadas, no por organizaciones humanitarias, como es el caso de los albergues para los niños que ingresaron al país de forma ilegal sin compañía de un adulto.

Actualmente, la mayoría de las familias pasan pocas semanas en las instalaciones y son liberadas una vez que hayan pasado una revisión inicial. Se les da una fecha para comparecer ante un juez de inmigración en las ciudades a las que se dirigen para evaluar si califican para quedarse en el país legalmente o si enfrentarán un proceso de deportación.

Aquellos que no pasan las primeras revisiones pueden buscar otras en una video conferencia con un juez, un proceso que puede durar seis semanas.