Gobierno de México reactiva proceso penal contra Alonso Ancira por incumplimiento en caso Agronitrogenados
Periodistas Unidos. Ciudad de México. 12 de agosto de 2025.- El Gobierno de México, a través de la Fiscalía General de la República (FGR), anunció este martes la reapertura del proceso penal contra Alonso Ancira, exdirector de Altos Hornos de México (AHMSA), conocido como el “Rey del Acero”. La decisión responde al incumplimiento de Ancira en el pago de 216 millones de dólares acordados como reparación del daño por la venta irregular de la planta de fertilizantes Agronitrogenados a Petróleos Mexicanos (Pemex) en 2013, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, informó en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum que el acuerdo reparatorio firmado en 2021, que permitió la liberación de Ancira tras su detención en España en 2019, quedó invalidado debido a que solo se cubrieron los primeros pagos de la deuda. “Los primeros pagos los hizo y después ya no los hizo”, señaló Gertz, destacando que la FGR buscará asistencia jurídica internacional para garantizar el cumplimiento de las obligaciones financieras, dado que Ancira, con nacionalidad estadounidense, reside actualmente en Estados Unidos.
La venta de Agronitrogenados, una planta abandonada por 14 años en Coatzacoalcos, Veracruz, costó a Pemex cerca de 650 millones de dólares, de los cuales 200 millones fueron considerados sobreprecio por la Auditoría Superior de la Federación. Este caso, vinculado también al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, involucró presuntos sobornos y transferencias a cuentas ligadas al escándalo de Odebrecht. La FGR acusa a Ancira de lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos que podrían reactivarse si no se liquida la deuda pendiente.
La situación se agrava tras la declaración de quiebra de AHMSA en noviembre de 2024, ordenada por un juzgado federal en Ciudad de México. La siderúrgica, que alguna vez fue la más grande de América Latina, enfrenta deudas por más de 2,000 millones de dólares, incluyendo los 216 millones adeudados a Pemex. La quiebra ha dejado a 17,000 trabajadores en incertidumbre, con el gobierno prometiendo un “plan de justicia” para garantizar sus derechos laborales. La Secretaría del Trabajo de Coahuila estima que el proceso mercantil-judicial podría resolverse en seis o siete meses, priorizando el pago a los empleados con la venta de activos de la empresa.
El caso ha generado críticas en redes sociales, donde usuarios señalan la lentitud del sistema judicial y la impunidad en casos de corrupción de alto perfil. Si Ancira no cumple con el pago, Pemex podría asumir el control del 99% de las acciones de AHMSA y siete de sus activos físicos, según el acuerdo de 2021. La reactivación del proceso penal busca enviar un mensaje de que el incumplimiento no quedará sin consecuencias legales.