Gobierno mexicano pacta con pueblos indígenas para pacificar Altos de Chiapas
Foto: Isaac Esquivel / Cuartoscuro
EFE. Ciudad de México. 05 de junio de 2019.- El Gobierno mexicano anunció este miércoles que se había logrado un pacto entre comunidades indígenas y autoridades de los Altos de Chiapas para evitar la violencia que ha llevado en los últimos meses al desplazamiento forzado de miles de personas.
«Se suscribió un pacto de no agresión en los Altos de Chiapas entre autoridades oficiales y tradicionales», dijo en la conferencia matutina desde Palacio Nacional el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de Gobernación, Alejandro Encinas.
Acompañado del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recordó que en esta región del suroriental estado de Chiapas se han producido 34 homicidios en los últimos meses.
Esta zona de Chiapas padece un fuerte conflicto agrario que llevó a inicios de año al desplazamiento de miles de indígenas tzotziles.
Dicha violencia deriva del conflicto agrario entre los municipios vecinos de Chalchihuitán y Chenalhó, ambos habitados por comunidades tzotziles, enfrentados desde hace 40 años por la propiedad de 363 hectáreas de tierras fértiles.
Miles de indígenas originarios de estas comunidades se vieron obligados a salir de sus domicilios a partir de octubre de 2017 por la violencia desatada a raíz de dicho conflicto agrario.
Al dar a conocer el pacto entre comunidades y con las autoridades, Encinas celebró que este acuerdo pueda «pacificar» la zona y además sea replicable en otros puntos del país.
En materia de derechos humanos, Encinas anunció también la liberación de un grupo de personas del poblado de Salazar, en Estado de México, que consideró «presos políticos» porque fueron apresados para defender sus tierras.
«Fuimos criminalizados bajo la complicidad de altos intereses económicos y políticos», resaltó el subsecretario.
Detalló que se están revisando 538 casos de personas presas que podrían ser liberadas.
En enero empezó la liberación de «presos políticos», con 16 personas cuyos nombres no se dieron a conocer.
«Estas personas, muchas de ellas, no han tenido siquiera una sentencia después de muchos años privadas de su liberad», apuntó entonces la ministra de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.