Huelga de hambre y protestas por detención arbitraria de 20 lacandones en Chiapas

Periodistas Unidos. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 22 de agosto de 2025. El pasado 16 de febrero, 20 indígenas de la etnia lacandona fueron detenidos en un operativo en la comunidad de Lacanjachanzayá, municipio de Ocosingo, Chiapas, y trasladados al Centro de Reinserción Social (CERESO) número 17 “El Bambú”, en Playas de Catazajá, Palenque, mientras que dos de ellos fueron enviados al penal de Molollá de Juárez. La detención, calificada como arbitraria por su representante legal, José Domingo Rodríguez Mechún, ha desatado una serie de protestas, incluyendo una huelga de hambre encabezada por mujeres y niños de la comunidad, quienes exigen la liberación de sus familiares.

El operativo, según el informe de la Fiscalía General del Estado, buscaba desarticular una presunta célula del crimen organizado liderada por un individuo apodado “El Cabra”, acusado de utilizar terrenos de la zona arqueológica de Bonampak como pistas de aterrizaje para el tráfico de drogas y vehículos de transporte de pasajeros para el traslado de migrantes rumbo a Estados Unidosirregularidades en el proceso.. Sin embargo, Rodríguez Mechún, quien lleva más de 25 años defendiendo a los lacandones, cuestiona la veracidad de los documentos oficiales y denuncia

Entre las inconsistencias señaladas por el abogado están la falta de identificación de un testigo clave, la discrepancia en la geolocalización de los hechos y la ausencia de pruebas como el análisis de rodizonato de sodio para detectar residuos de pólvora. Además, asegura que existen videos que desmienten la versión oficial y que los elementos de seguridad, conocidos como “pacales”, habrían solicitado 50 mil pesos a los detenidos a cambio de su libertad, grabaciones que no han sido entregadas por las autoridades.

Huelga de hambre y clamor por justicia

Alrededor de 20 mujeres y niños de la comunidad Lacanjachanzayá iniciaron una huelga de hambre para exigir la liberación de los detenidos, entre los que se encuentran esposos, padres, hermanos y sobrinos. Natalia Chankayon Chanakin, una de las afectadas, relató que tiene a cuatro familiares recluidos: su padre, Juan Chankayon Yuk; su hermano, Chanbor Chankayon Yuk; su sobrino, Og Chanbor Chankayon Kimbor; y su esposo, Héctor Chanbor. “Nos quedamos solas, sin dinero, sin sustento. Mi hijo de 14 años dejó la escuela y sufre de asma, no tenemos ni para sus medicamentos ni para comida”, expresó.

Por su parte, Jorge Luis Gómez Villar, otro representante de los lacandones, se encuentra en una huelga de hambre frente al Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez, donde lleva días exigiendo una solución. A sus casi 70 años y con un diagnóstico de cáncer, Gómez Villar asegura que no se moverá hasta que se firme una minuta de acuerdo que garantice la liberación de los 20 indígenas. “Me han traído de un lado a otro, pero no hay solución. Esto es una cuestión de humanidad. Las pruebas demuestran que la detención fue ilegal, con armas sembradas y contradicciones en las declaraciones de los pacales”, afirmó.

El abogado Rodríguez Mechún también denunció que cinco de los detenidos son policías turísticos que trabajaban en la entrada a Bonampak, un sitio arqueológico clave para el turismo en la región. “Es ilógico que se les acuse de espantar a los turistas, cuando su labor era protegerlos”, señaló. Además, destacó que una denuncia por corrupción, registrada el 5 de julio con el número 0494-101-1303-2025 ante la Fiscalía de Combate a la Corrupción, no ha recibido respuesta.

Un llamado a las autoridades

Las familias lacandonas, acompañadas por sus representantes legales, piden la intervención del gobernador de Chiapas y de las autoridades federales para revisar el caso y garantizar la liberación de los detenidos. “Si el gobierno habla de humanismo, que lo demuestre. Hay grabaciones que acreditan la inocencia de los lacandones, pero nadie hace nada”, insistió Gómez Villar.

También se ha entregado una carta a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, para pedir que tome medidas para la liberación de los implicados.

Mientras tanto, las mujeres y niños de Lacanjachanzayá, junto con sus defensores, continúan en resistencia, esperando que su clamor sea escuchado y que se haga justicia para los 20 lacandones que, tras casi seis meses, permanecen privados de su libertad.