Inhabilitan por diez años a Alfredo Castillo, funcionario en la administración de Peña
Foto: Cuartoscuro
EFE. Ciudad de México. 26 de enero de 2021.- La Secretaría de la Función Pública (SFP) de México anunció este martes la inhabilitación por 10 años a Alfredo Castillo, un alto funcionario de la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018), por omitir declarar seis cuentas bancarias a su nombre y al de su cónyuge.
«Tras un exhaustivo procedimiento de responsabilidades se determinó imponer la sanción de inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un periodo de 10 años a un exdirector general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) de la administración de Enrique Peña Nieto», detalló el ministerio en un boletín.
La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, manifestó que “la nueva ética pública que está construyendo el Gobierno de México se basa en la probidad, en la transparencia y en la estricta legalidad».
Resaltó que la Secretaría de la Función Pública tiene como una de sus atribuciones realizar la verificación de la evolución patrimonial los servidores públicos, y en el ejercicio de esa atribución se detectaron omisiones de la persona sancionada.
La sanción, que fue ya notificada, deriva de un ejercicio de verificación a la evolución patrimonial, en el cual se detectó que el exfuncionario, quien también fuera comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, faltó a la verdad en sus declaraciones de situación patrimonial de tres años: de 2014 a 2016.
Por lo anterior, la Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial inició un «minucioso procedimiento administrativo sancionador» y determinó que omitió declarar seis cuentas bancarias a su nombre y al de su cónyuge, en las que en total tenían más de 18,3 millones de pesos (unos 900.000 dólares).
«Dicha omisión constituye una violación al artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos, que establecía la obligatoriedad de presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial», indicó el comunicado.
Este procedimiento sancionador es parte de los 26.064 expedientes de responsabilidad administrativa que la Función Pública inició en los dos primeros años del actual Gobierno, y de los que a la fecha se han resuelto 20.222.
LA GESTIÓN DE CASTILLO
Castillo, abogado de profesión, fungió como director de la Conade de 2015 hasta el final del mandato del ex presidente Enrique Peña Nieto, en 2018.
Al frente de la Conade, Castillo inició una cruzada contra federaciones de distintas disciplinas a las que acusó de no comprobar el dinero que recibían del presupuesto, por lo cual decidió dejar de financiar a algunas de ellas.
La disputa entre Castillo y las federaciones provocó que algunos atletas, como los boxeadores, recurrieran a pedir fondos en las calles para financiar su preparación deportiva rumbo a los Juegos Olímpicos Ríos 2016.
Además, el exfuncionario también tuvo señalamientos de corrupción durante Río 2016 ya que llevó a su novia como parte de la delegación mexicana, lo que generó críticas de algunos atletas, quienes señalaron que a ellos no les permitieron transportar a médicos y especialistas para atender lesiones.
El paso de Castillo en la Conade y sus lineamientos representó un retroceso deportivo para México ya que en Londres 2012 el país se adjudicó ocho medallas, entre ellas una de oro, mientras que en Río 2016 consiguieron cinco, ninguna dorada.
Ésta no es la primera sanción de la SFP hacia un ex miembro de la Conade. En agosto pasado, el órgano mexicano destituyó al entonces subdirector de calidad para el deporte, Israel Benítez.
Benítez, cercano a Ana Guevara, actual directora de la Conade, usó indebidamente instalaciones deportivas al hospedar a personas que no eran atletas, lo que generó su despido.EFE rcg
La lucha contra la corrupción y la austeridad gubernamental son dos de los pilares del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y por ello que ha impulsado la investigación de casos de corrupción del pasado, poniendo en el punto de mira incluso a expresidentes.