Periodistas Unidos. Ciudad de México. 12 de noviembre de 2025.- En un giro que huele a complicidad institucional, la posible liberación anticipada de Javier Duarte de Ochoa, el exgobernador de Veracruz convertido en sinónimo de corrupción rampante, se pospone hasta el 19 de noviembre. Lo que debería ser un cierre de capítulo para la justicia mexicana se antoja como una burla cruel a las víctimas de un régimen que saqueó las arcas públicas y dejó un estado en ruinas. Duarte, ese depredador político que operó bajo el manto del PRI como un rey medieval, acumula más de ocho años tras las rejas, pero su salida inminente despierta el fantasma de una impunidad que México no puede permitirse.
Recordemos el rastro de sangre y tinta que dejó Duarte en Veracruz entre 2010 y 2016: un gobierno marcado por el desvío de miles de millones de pesos, contratos amañados a empresas fantasma y una red de lavado de dinero que financió su opulento exilio en Guatemala. Condenado en 2020 a nueve años de prisión por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, el priista no solo robó al erario –estimaciones hablan de hasta 40 mil millones de pesos desaparecidos–, sino que su administración fue cómplice de una ola de violencia que cobró miles de vidas. Desaparecidos, feminicidios y ejecuciones extrajudiciales florecieron bajo su mandato, mientras él y su círculo se enriquecían con propiedades en Houston y yates que hoy parecen trofeos de una delincuencia de cuello blanco.
Hoy, con el 95% de su sentencia cumplida, los abogados de Duarte –esos mercaderes de la ley que convierten la cárcel en hotel de paso– han solicitado su libertad condicional, argumentando «buen comportamiento» y el cierre de procesos federales pendientes. La jueza federal aplazó la audiencia inicial este martes, citando la ausencia de testigos de la Fiscalía General de la República (FGR), que no se rinde fácilmente: advierten que aún pende una orden de aprehensión por nuevos cargos en Veracruz, donde el estado clama justicia por deudas impagas y fraudes no resueltos. «Llevo nueve años sin ver a mis hijos», se quejó Duarte en una misiva reciente, un lamento que resuena como el de un mártir cuando debería ser el eco de su propia codicia desmedida.
Pero vayamos al meollo de esta farsa: ¿qué clase de sistema permite que un delincuente confeso, responsable de empobrecer a un pueblo entero, aspire a la calle con la cabeza en alto? Duarte no es un error administrativo; es la encarnación de una delincuencia sistémica que ha gangrenado la política mexicana. Bajo su mando, Veracruz se convirtió en un laboratorio de impunidad: huéspedes de hotel convertidos en «asesores» millonarios, fundaciones ficticias que devoraban subsidios para los pobres, y una prensa silenciada con migajas o amenazas. Su huida en 2016, disfrazado de fugitivo de película barata, no fue solo cobardía, sino el colofón de un saqueo que dejó hospitales sin medicinas, escuelas en ruinas y familias destrozadas. Criticar su «delincuencia» no es retórica; es un imperativo moral. Este hombre no robó dinero; robó futuro, dignidad y vidas. Y ahora, ¿lo soltamos para que escriba memorias o monte un podcast de redención? ¡Absurdo!
La FGR, por fortuna, mantiene el pie en el acelerador, recordándonos que la justicia no es un reloj de arena que se vacía por capricho. Mientras tanto, las voces de Veracruz –de madres buscadoras, de viudas de la violencia, de contribuyentes estafados– claman por un veredicto que no sea negociable: que Duarte cumpla cada día de su condena, y que sirva de escarmiento para los Duarte del mañana. Si México quiere sanar, no puede permitir que sus ladrones vuelvan a las sombras para acechar de nuevo. La audiencia del 19 será un termómetro: ¿justicia o teatro? Veracruz, y el país entero, merecen lo primero.