Juez en Estados Unidos dictamina que Gobierno debe reunir a familias inmigrantes o enfrentar sanciones
Foto: Luis Echeverria
Por Marty Graham
Reuters. San Diego, Estados Unidos. 11 de junio de 2018.- El Gobierno del presidente Donald Trump debe reunir rápidamente a 63 niños menores de cinco años que fueron separados por funcionarios de inmigración luego de cruzar a Estados Unidos desde México, o enfrenta sanciones, dijo el martes un juez.
El juez Dana Sabraw en un tribunal federal en San Diego aclaró a los abogados del Gobierno que no se extendería el plazo fijado hace dos semanas a Washington para que reúna a los niños menores de cinco años con sus padres antes del martes y a otros 2.000 niños antes del 26 de julio.
«Estas son fechas límite firmes. No son metas ambiciosas», dijo Sabraw.
El Gobierno le había pedido al magistrado que extendiera los plazos porque necesitaba tiempo para hacer pruebas de ADN para confirmar las relaciones familiares, realizar verificaciones de antecedentes, encontrar a los padres que fueron liberados y revisar el estado físico de los padres.
«Nuestro proceso puede no ser tan rápido como algunos quisieran, pero no hay duda de que está protegiendo a los niños», dijo Chris Meekins, funcionario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, quien es responsable del cuidado de los menores de edad.
Más de 2.300 niños fueron separados de sus padres después del inicio de la política de «tolerancia cero» en mayo, que abogaba por procesar a los adultos que crucen la frontera ilegalmente. Mientras los padres están presos a la espera de un juicio, los niños son trasladados a alojamientos administrados por una agencia estatal.
Ante la ola de críticas y la demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés), Trump puso fin a la práctica el mes pasado.
ALGUNAS BUENAS NOTICIAS
En todo el país, los trabajadores sociales, abogados y defensores de la inmigración esperaban el martes información sobre el destino de los niños bajo su cuidado. Algunos recibieron buenas noticias.
La proveedora de cuidado de crianza Bethany Christian Services, que opera en Michigan y Maryland, dijo que los siete niños menores de cinco años bajo su cuidado se habían reunido o tenían arreglos de viaje para la reunificación.
El juez pidió a la ACLU que presente documentos el jueves sugiriendo soluciones si el Gobierno no hubiera reunido a los 63 niños el martes o en las próximas horas. «El tribunal tiene una gama de opciones que van desde multas significativas a otros tipos de ayuda», dijo el abogado de la ACLU Lee Gelernt.
La orden de Sabraw incluye excepciones si se amenaza la seguridad del niño. Como resultado, el número de niños elegibles para reunirse ha cambiado en los últimos días desde unos 102, ya que el Gobierno ha descubierto que algunas personas no eran padres como afirmaban o tenían antecedentes penales.
Muchos de los inmigrantes huyen de la violencia en Guatemala, Honduras y El Salvador. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, se reunió con diplomáticos de esos países en Guatemala el martes para discutir sobre políticas de inmigración.
Algunas de las familias separadas llegaron a los puertos de entrada de Estados Unidos en busca de asilo, lo que no es ilegal. Algunos abogados que representan a niños separados que han sido transferidos a centros de acogida de todo el país afirmaron que no han sido informados sobre qué ocurrirá con sus jóvenes clientes.
La Sociedad de Asistencia Legal en Nueva York dijo que representa al menos a dos niños menores de cinco años que cumplen con los criterios del juez para la reunificación. Un niño de El Salvador iba a ser entregado a su madre, según la abogada Beth Krause del Proyecto de Jóvenes Inmigrantes de Legal Aid.
«No tengo detalles sobre dónde, cuándo y bajo qué condiciones», escribió en un correo electrónico el martes por la mañana. Un niño hondureño permanecería con una familia de acogida mientras el padre permanecía bajo custodia, aunque Krause dijo que no tenía claro por qué.
El Gobierno indicó que no puede cumplir por completo el primer plazo por varias razones. En algunos casos, los padres ya fueron deportados o no aprobaron una revisión de su historial delictivo. En otros no se pudo demostrar la relación o habían sido puestos en libertad y no pudieron ser contactados.
El Ejecutivo tenía previsto presentar una actualización en una corte de San Diego el martes.
Trump se mostró despectivo con las preguntas de los periodistas sobre el plazo incumplido del martes. «Díganle a la gente que no entre de manera ilegal a nuestro país», comentó. «Esa es la solución», agregó.