Juez rechaza ordenar la deportación de 4 inmigrantes

Foto: Gregory Bull / AP

Por Elliot Spagat

AP. San Diego, Estados Unidos. 21 de marzo de 2019.- Un juez de inmigración rechazó el miércoles una solicitud del gobierno del presidente Donald Trump de ordenar la deportación de cuatro inmigrantes, ya que por fallas en la programación de las citas no se presentaron a audiencias preliminares en Estados Unidos mientras se ven obligados a aguardar en México.

La negativa del juez Scott Simpson fue un revés para la iniciativa gubernamental de hacer que los solicitantes de asilo esperen en México mientras sus casos son analizados en las cortes de inmigración estadounidenses.

Un inmigrante en la corte de San Diego tenía un aviso de que se presentara el sábado 30 de marzo, pero posteriormente se enteró que presuntamente tenía que acudir el miércoles. Se reportó en la mañana ante las autoridades estadounidenses en el puerto de ingreso principal entre San Diego y Tijuana, y dijo que apenas logró llegar.

Complicaciones similares echaron a perder las primeras audiencias la semana pasada cuando migrantes a los que en un principio se les dijo que se presentaran el martes se les postergaron las citas varios días.

Simpson les pidió a los abogados del gobierno que presenten un texto a más tardar el 10 de abril en el que se explique cómo puede garantizar que a los inmigrantes se les notifique adecuadamente de sus citas en la corte. El magistrado postergó al 22 de abril las presentaciones iniciales de las cuatro personas que no acudieron, lo que generó más interrogantes de si se enterarán de la nueva fecha.

Los documentos del gobierno no presentaban un domicilio para los cuatro hombres en Tijuana e indicaban que la correspondencia sería enviada a través de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Simpson preguntó cómo les piensa avisar el gobierno.

“No tengo una respuesta a eso”, respondió Robert Wities, abogado del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.

Cuando menos a otras dos personas se les habían dado avisos de que se presentaran el martes pero, cuando acudieron a la frontera, las autoridades estadounidenses les dijeron que sus nombres no estaban en las citas programadas para ese día. Sus abogados rápidamente obtuvieron nuevas citas para el miércoles, pero México se negó a recibir de nuevo a los migrantes, por lo que se vieron obligadas a pasar la noche bajo custodia de las autoridades estadounidenses.

Laura Sánchez, abogada de uno de los hombres, dijo que llamó el martes a un número gratuito de la corte para confirmar la audiencia inicial de su cliente, pero le dijeron que su nombre no aparecía en el sistema. Luego se enteró que era el miércoles.

Después de la audiencia de ese día, Sánchez dijo que desconocía si México recibiría a su cliente de nuevo. Las autoridades mexicanas no respondieron por el momento una solicitud de comentarios.

Representantes del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos tampoco respondieron a una solicitud de comentarios el miércoles por la noche.

Las complicaciones en las citas ocurrieron dos días antes de que un juez federal en San Francisco escuche argumentos orales sobre una moción para suspender la aplicación de la política “Protocolos de Protección a la Migración”, en una demanda incoada por los grupos activistas Unión Americana de Libertades Civiles, el Southern Poverty Law Center y el Center for Gender & Refugee Studies.

El cambio en la política, adoptado tras meses de conversaciones de alto nivel entre Estados Unidos y México, fue iniciado en San Diego el 29 de enero mientras arribaba un creciente número de familias solicitantes de asilo provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador. Los mexicanos y los niños que viajan solos están exentos.

Las familias por lo general son puestas en libertad en Estados Unidos con notificaciones de que se presenten en la corte y aguarden a que sus casos se solucionen, algo que puede llevar años. La nueva política intenta cambiar eso al hacer que la gente aguarde en México, aunque ha tenido un arranque modesto con 240 migrantes enviados de vuelta a Tijuana desde San Diego en las primeras seis semanas. Las autoridades estadounidenses han dicho que esperan ampliar la política a toda la frontera.

Las autoridades mexicanas han expresado su preocupación en torno a lo que ambos gobiernos dicen es una medida unilateral de Trump, pero ha permitido que los solicitantes de asilo aguardar en territorio mexicano con visas humanitarias.

Las autoridades estadounidenses consideran que la nueva política es una iniciativa sin precedentes para desalentar las solicitudes de asilo que tienen poco sustento y reducir el rezago de más de 800.000 casos.

Varios migrantes que se presentaron el miércoles dijeron que temen que aguardar en México a sus próximas audiencias ponga en riesgo su seguridad personal. El abogado del gobierno indicó que un funcionario de asilo los entrevistaría para determinar si sus preocupaciones justifican que se queden en Estados Unidos.

Algunos le dijeron al juez que tuvieron problemas para hallar abogados y se les concedió más tiempo para que encontraran uno. Los solicitantes de asilo tienen derecho a tener una representación legal, pero no financiada por el gobierno.

Las autoridades estadounidenses le dan a los migrantes que son regresados a México una lista de personas que proporcionan servicios jurídicos sin costo en Estados Unidos, pero algunos migrantes le dijeron al juez que nadie respondía sus llamadas telefónicas o se les dijo que los servicios no estaban disponibles para personas que se encuentren en México.

Cuando el juez lo estaba interrogando, un hombre de 48 años le dijo que tenía dolores de cabeza y molestias en la garganta. El magistrado hizo notar que los migrantes con problemas de salud están exentos de tener que aguardar en México y ordenó que le realizaran un examen médico.