Periodistas Unidos. Ciudad de México. 25 de mayo de 2026.- El periodista Julio Hernández López confrontó este lunes a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la Conferencia Mañanera en Palacio Nacional, al denunciar que comunidades indígenas y pesqueras de la Bahía de Ohuira, en Sinaloa, no han sido escuchadas respecto al proyecto de instalación de una planta de amoníaco de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO).
El director de Astillero Informa recordó que hace un año acudió a la conferencia presidencial para exponer el caso y señaló que entonces la mandataria se comprometió a que autoridades federales, incluida la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), acudirían a dialogar con las comunidades afectadas.
Hernández Astillero afirmó que la secretaria Alicia Bárcena Ibarra incumplió el compromiso de visitar la zona y escuchar directamente a las cuatro comunidades que, aseguró, serían las más afectadas por el megaproyecto industrial.
“El diálogo, análisis directo no ha habido con las comunidades”, sostuvo el periodista, quien además acusó que la propia Semarnat mantiene una postura jurídica adversa a los pueblos originarios que han promovido recursos legales contra la planta de amoníaco.
Durante su intervención, Hernández Astillero leyó fragmentos de documentos oficiales firmados por funcionarios de Semarnat, en los que se argumenta que las impugnaciones presentadas por las comunidades son improcedentes y extemporáneas. Según explicó, la dependencia sostiene que la instalación no genera actualmente daños ambientales porque la planta aún no opera y que varios de los actos denunciados ya son “consumados de modo irreparable”.
El periodista calificó el caso como “una crónica de un desenlace anunciado” y aseguró que las comunidades de la Bahía de Ohuira enfrentan una falta sistemática de atención institucional.
Asimismo, mencionó que organizaciones y habitantes de la región acudirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además de señalar que 11 relatores especiales de Naciones Unidas han expresado preocupaciones por posibles daños ambientales, culturales y sociales relacionados con los proyectos industriales en Topolobampo.
En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que el gobierno federal haya ignorado a las comunidades y defendió que durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador se realizaron consultas públicas sobre la viabilidad del proyecto.
“Puedes no estar de acuerdo tú con la consulta, pero durante el periodo del presidente López Obrador hubo una consulta pública que ganó el que se desarrollara la planta”, afirmó.
Sheinbaum sostuvo que sí hubo acercamientos oficiales y recordó que incluso ella visitó personalmente la región de Topolobampo para dialogar con habitantes. También señaló que existe una Manifestación de Impacto Ambiental y procedimientos legales que respaldan el proyecto.
No obstante, reconoció que si la secretaria Alicia Bárcena se comprometió a acudir nuevamente a la zona, deberá hacerlo. “Tiene que ir y hablar con las comunidades”, expresó.
El intercambio subió de tono cuando Hernández Astillero insistió en que las cuatro comunidades directamente afectadas rechazan totalmente el proyecto y acusó que la consulta pública incluyó a otras siete localidades que no sufrirían impactos directos.
El periodista aseguró que durante ese proceso hubo reparto de apoyos y promesas de beneficios para influir en la votación favorable al proyecto.
La presidenta respondió que no comparte la visión de que el gobierno esté “contra las comunidades” y reiteró que existen sectores sociales que respaldan la inversión industrial en Topolobampo.
“Hay muchas otras gentes que están de acuerdo y hay un análisis de impacto ambiental que se hizo y una consulta pública que se desarrolló”, dijo.
Finalmente, Sheinbaum indicó que no conoce a detalle el contenido específico de los recursos legales mencionados por Hernández Astillero, pero reiteró que Semarnat puede acudir nuevamente a dialogar con los inconformes.
El caso de la planta de amoníaco de GPO y el proyecto de metanol Mexinol se mantiene como uno de los conflictos ambientales y sociales más relevantes en el norte de Sinaloa, donde comunidades indígenas, pescadores y organizaciones civiles han denunciado riesgos ecológicos para los humedales y ecosistemas marinos de la Bahía de Ohuira.
