La cifra de asesinatos de periodistas entre 2011 y 2020 confirma la importancia de fortalecer las políticas de protección en América Latina
Periodistas Unidos. Ciudad de México. 14 de mayo de 2021.- América Latina ha sido el continente con más periodistas asesinados a causa de su profesión en 2020, y el 80% de los asesinatos de periodistas cometidos en esta parte del mundo durante la última década se concentran en Brasil, Colombia, México y Honduras. Según los datos del proyecto “Bajo Riesgo – Análisis de los programas de protección de periodistas en América Latina”, que cuenta con el apoyo de la UNESCO, solo en esos cuatro países fueron asesinados 139 periodistas y colaboradores de medios entre 2011 y 2020.
La mitad de los periodistas asesinados trabajaba como reportero, fotoperiodista o camarógrafo y colaboraba con al menos un medio de comunicación. El análisis de los datos de RSF también revela que el 39% de ellos cubría asuntos relacionados con la política. Los demás temas más habituales para los periodistas asesinados son el crimen y la corrupción. Los principales objetivos son los periodistas sobre el terreno que denuncian y critican la malversación de fondos y los actos ilegales en su región.
El término «objetivo» se utiliza con total fundamento en este estudio, ya que en el 92% de los casos, las circunstancias del crimen revelan que los agresores atacaron a un periodista que estaba en su mira. A uno de cada cuatro periodistas – sobre todo en México–, lo secuestraron antes de ejecutarlo. En estos casos concretos, la mayoría de los cadáveres encontrados después presentaba señales de tortura.
Otra lección del estudio de RSF es que muchos asesinatos se podrían haber evitado. Al menos el 45% de las víctimas informaron de que habían recibido amenazas. Sin embargo, solo 10 de los 139 periodistas asesinados se beneficiaron de las medidas de protección del Estado.
Considerada la forma más extrema de censura, el asesinato de periodistas es solo la parte más visible de la violencia contra la prensa. Esta práctica se enmarca en un escenario más amplio de amenazas continuas y de violencia estructural en la región. Cuando un país es escenario de una situación estructural de violencia contra la prensa, no solo está en juego la libertad de expresión individual de los periodistas, sino también el derecho colectivo a la información de toda la sociedad.