La Corte Suprema de México decide aplazar la resolución sobre la Ley de Servicios de Agua en Querétaro
Periodistas Unidos. Ciudad de México. 11 de marzo de 2024.- En un momento crucial para el acceso al agua y la justicia hídrica en México, la ciudadanía ha logrado un hito significativo con el hashtag #QueLaCorteDecida, centrado en la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Agua en Querétaro. Este proceso, marcado por protestas sociales y demandas ciudadanas, ha llevado la atención nacional e internacional a un tema crucial para el bienestar y los derechos humanos.
El caso se remonta a septiembre de 2022, cuando se presentaron diversos amparos contra la Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro, aprobada en mayo de ese año en un contexto de cuestionamientos y denuncias ciudadanas. La rapidez en su aprobación, ignorando solicitudes de Parlamento Abierto y acciones de inconstitucionalidad, generó un fuerte rechazo y movilización social.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó el caso en julio de 2023 debido a su relevancia nacional, en medio de una crisis en el modelo de manejo del agua que ha exacerbado la desigualdad en su acceso y uso. El proyecto de sentencia, que se discutiría en sesión pública, indicaba un posible amparo reconociendo la violación de derechos humanos al acceso al agua, al saneamiento y a la participación.
Sin embargo, la reciente reforma a la Ley de Concesiones por parte del Congreso de Querétaro, apenas una semana antes de la votación sobre el amparo, busca modificar parcialmente las omisiones señaladas en el proyecto de sentencia, generando incertidumbre sobre el futuro de la resolución.
En este contexto, la decisión de la Corte hoy de posponer la resolución del caso ha generado diversas reacciones. Desde organizaciones como Redes del Agua y Nosotrxs Querétaro se celebra el hecho de que el caso esté en el máximo tribunal del país con un proyecto de sentencia favorable al amparo, aunque se insta a la SCJN a confirmar una resolución que abone al acceso a la justicia y a los derechos humanos.
Es importante recordar que las protestas sociales en Querétaro por el agua han sido objeto de represión y criminalización, según recomendaciones de la Defensoría de Derechos Humanos del Estado de Querétaro y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Además, la iniciativa de Ley de Participación Ciudadana sigue siendo un pendiente fundamental en el Congreso Local.
El caso de Querétaro refleja una realidad nacional en la que las leyes a menudo no responden al mandato constitucional ni a las necesidades reales de los territorios, lo que subraya la importancia de una justicia hídrica efectiva y un enfoque de derechos humanos en la gestión del agua en México.