La Ley de la UNAM, ¿intocable?
Foto: Alejandro Meléndez
Por Humberto Musacchio
EFE. Ciudad de México. 28 de febrero de 2020.- El diputado federal Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, integrante de la bancada de Morena, presentó, en la llamada Cámara baja, una iniciativa para modificar la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin consultar a la comunidad universitaria, el documento, redactado con notoria premura y llevado al pleno por segunda vez, cobró la apariencia de una provocación destinada a medir el efecto que tendría una eventual reforma de la citada norma.
De inmediato se escuchó la respuesta del doctor Enrique Graue, rector de la UNAM, quien se lanzó contra la propuesta legislativa con una decisión y energía que uno esperaría ver ante los paros de varias escuelas y la depredación ocasionada por las bandas de enmascarados y enmascaradas que se hacen llamar “anarquistas”, aunque, para serlo de veras, tendrían que alfabetizarse.
En apoyo del doctor Graue y de la burocracia universitaria salieron los rectores de las universidades públicas de la región Centro-Occidente de la ANUIES, quienes calificaron el documento del diputado Jáuregui como “nuevo intento de vulnerar la autonomía universitaria” y condenaron la iniciativa porque, dicen, “busca modificar la manera en que se eligen las autoridades de esa institución (la UNAM)”, lo que, para los rectores citados, “contraviene el principio constitucional de Autonomía Universitaria consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” (lo que no es cierto) y “lesiona el clima de respeto a las libertades académicas que deben gozar las comunidades universitarias” (lo que tampoco es cierto), pues el artículo tercero constitucional dice que las instituciones de educación superior “tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas”, lo que no es precisamente un aval a la antidemocrática estructura de autoridad de esas casas de estudios.
En el mismo desplegado se mencionan “casos similares” en las universidades de doce estados y se destaca el atropello —ese sí—contra la Universidad de Nayarit, a la que, gobernador y Congreso del estado, le impusieron, groseramente, una especie de sheriff del Ejecutivo local que decidirá sobre dineros y otros asuntos.
A la denuncia se unió el Consejo Nacional de la ANUIES porque se pretende, dicen, “modificar las leyes orgánicas de las universidades públicas autónomas, desconociendo las facultades exclusivas de los órganos internos de gobierno y la participación de las respectivas comunidades universitarias”, participación, ciertamente, mínima o inexistente.
Es oportuno recordar que la ley vigente, aprobada el 30 de diciembre de 1944, permitió recuperar el carácter público y nacional de la universidad, perdido en la ley de 1933, que la convirtió, de hecho y derecho, en una institución particular. Sin embargo, el ordenamiento actual le negó un funcionamiento democrático, pues le impuso como máxima autoridad una junta de notables, varios de ellos estrechamente ligados al gobierno en turno, que elige al rector.
La virulenta respuesta de los rectores a la iniciativa de reforma, por cierto ya retirada, encierra una obvia defensa de la actual situación, en la que hay mafias que medran con ingresos diversos, los cuales suman cantidades muy superiores al sueldo del Presidente de la República, viajes a todo lujo con pretextos académicos y prestaciones que ya han sido suprimidas en el gobierno federal, además, desde luego, de las prácticas corruptas, mecanismos todos de control político.
Por supuesto, en materia legislativa, la universidad no puede estar por encima del Congreso, aunque los rectores hagan como que no lo saben. Los universitarios —profesores, investigadores, alumnos y trabajadores administrativos— deben discutir y acordar si consideran conveniente mantener la Ley Orgánica en sus actuales términos o promueven su modificación para darle un carácter democrático a la elección de autoridades académicas y otros asuntos. El resultado de sus deliberaciones tendrá que aceptarlo el Congreso para que proceda con apego a la decisión de los universitarios.
Las universidades mexicanas atraviesan por una severa crisis. Sus comunidades deben asumirla y superarla.