La violencia contra autoridades locales, el eslabón más débil, enciende alertas en México
Por Juan Manuel Ramírez G.
Periodistas Unidos. Ciudad de México. 08 de noviembre de 2025.- La creciente ola de violencia contra autoridades locales en México, con el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, como punto crítico, encendió los focos rojos del Gobierno federal y sus agencias de seguridad, después de que en los últimos 12 meses 10 presidentes municipales fuesen asesinados en varios estados del país.
De acuerdo con registros oficiales, la reciente ola de atentados contra alcaldes inició el 6 de octubre de 2024 con el asesinato de Alejandro Arcos Catalán (Partido Revolucionario Institucional, PRI), presidente municipal de Chilpancingo, Guerrero.
Desde entonces, una decena de ediles han sido asesinados en localidades de Oaxaca, San Luis Potosí, Guerrero y Michoacán.
Sin embargo, el que ha despertado las alarmas es el de Carlos Manzo Rodríguez (independiente), quien fue ejecutado en Uruapan durante un evento público del Día de Muertos.
Su asesinato ha generado una fuerte indignación no solo en Michoacán, donde se han registrado protestas y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales, sino en todo el país.
Según el Gobierno mexicano, Manzo contaba con protección federal y municipal desde 2024, reforzada a principios de 2025, lo que incrementa la preocupación sobre la vulnerabilidad de las propias autoridades.
En Uruapan, una ciudad de unos 360 mil habitantes, operan varias organizaciones criminales, entre ellas el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Pueblos Unidos y Los Blancos de Troya.
El eslabón más débil
En México existen tres niveles de gobierno —federal, estatal y municipal—, cada uno con sus propias competencias y funciones, pero todos bajo la amenaza del crimen organizado, que controla cientos de municipios.
“(El nivel municipal) es el eslabón más débil de las estructuras de gobierno en este país”, explicó a EFE el profesor-investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Javier Oliva.
“Y en un país en el que la ley es federalista, pero en la práctica es centralista, el municipio es el que sale con la peor parte en términos de presupuesto. En buena parte eso explica no solo los problemas de seguridad, sino de toda naturaleza: servicios urbanos, salud y otros rubros”, añadió.
Donde inicia el control del crimen organizado
Según la organización Data Cívica, en su estudio Votar entre Balas, un reporte sobre la violencia político-criminal en México, “el poder municipal es el eslabón más vulnerable frente al control territorial del crimen organizado”, y casi el 80% de las víctimas de esta violencia se concentran en ese nivel.
Para Oliva, especialista en Seguridad Nacional, los municipios están altamente expuestos ante el embate del crimen organizado y sus disputas territoriales, ya que los presidentes municipales son responsables directos de la seguridad pública.
“Estableciendo la comparación a nivel de las instituciones de seguridad pública, de manera análoga, las policías municipales son las que menos condiciones tienen para hacerle frente, estructuralmente, al problema de la inseguridad, la violencia y el crimen organizado”, expuso.
La misma ONG indicó que, en lo que va de 2025, Michoacán ha registrado 25 ataques dirigidos contra personas del ámbito político, el 88% de ellos contra funcionarios de nivel municipal.
El mensaje
Para el especialista, el mensaje que deja el asesinato de Carlos Manzo al Gobierno es de impunidad y desafío. “Esa es la evidencia que pone, y por el otro lado, la falta de responsabilidad en primera instancia de los gobiernos estatales”.
Advirtió además que estados como Oaxaca, Guerrero, Tamaulipas, Sonora, Sinaloa y Guanajuato también “se han visto gravemente afectados en los últimos años por la actividad criminal”.
Por último, Oliva lamentó que entre los cuatro puntos que plantea el Plan Michoacán —presentado esta semana por la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir la violencia e inseguridad en el estado— “no viene un solo punto donde se señale el desmantelamiento de las actividades criminales”.